El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha presentado un recurso contra la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) por haber clasificado una plaza de comunicación institucional en el nivel C1, reservado a personal sin titulación universitaria, lo que consideran un atentado contra la legalidad y la profesionalización del sector.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha interpuesto un recurso de reposición contra la Oferta de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), al considerar que degrada el perfil profesional de una plaza clave en el ámbito de la comunicación institucional.
La polémica gira en torno a un puesto de “coordinador/a de comunicación municipal” incluido en el turno de promoción interna, que el consistorio ha adscrito al grupo C1, es decir, a un nivel que únicamente exige el título de bachillerato. Para el CPPA, esta clasificación resulta inaceptable, ya que las funciones del cargo requieren competencias propias de profesionales licenciados en Ciencias de la Información, como Periodismo o Comunicación Audiovisual.
“El nivel asignado no solo infringe el marco normativo de la función pública, sino que también favorece el intrusismo profesional y perpetúa la precariedad laboral”, sostiene el Colegio en su comunicado. Según advierten, decisiones como esta comprometen la calidad de la comunicación institucional y atentan contra los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalización que deberían regir el empleo público.
En su recurso, el CPPA solicita que se reclasifique la plaza al grupo A, correspondiente a puestos que exigen titulación universitaria, y que se especifiquen los estudios en comunicación como requisito indispensable para su desempeño.
El Colegio se ha mostrado dispuesto a colaborar con administraciones públicas y entidades privadas en la elaboración y revisión de bases de convocatorias, pliegos o documentos relacionados con puestos de comunicación, para garantizar la idoneidad de los perfiles y prevenir situaciones similares.
Además, ha advertido que permanecerá atento ante posibles casos de intrusismo profesional o precarización en la contratación pública, e invita a los profesionales a denunciar cualquier convocatoria que considere lesiva para los intereses del sector. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante decisiones que dañan nuestra profesión”, concluye la entidad.