El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto-ley que permitirá a las entidades locales, diputaciones y comunidades autónomas utilizar el superávit obtenido en 2024 para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante los ejercicios de 2025, 2026 y 2027. La medida beneficiará a todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga, a la Diputación y a la Junta de Andalucía, siempre que cuenten con remanentes positivos en sus cuentas.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que esta decisión “va a redundar en una mejora de la financiación de los ayuntamientos, de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía”, subrayando que permitirá transformar los ahorros municipales en proyectos concretos que «mejoren la vida de las personas y el desarrollo de los municipios y de la provincia”.
Salas ha insistido en que esta medida forma parte de una estrategia más amplia por parte del Ejecutivo central: “Hay que destacar la voluntad de mejora constante de la financiación de las entidades locales y de las comunidades autónomas que demuestra el Gobierno de España«.
El subdelegado recordó que “con el Gobierno de Pedro Sánchez están recibiendo las mayores transferencias de financiación de la historia, siendo en el caso de las entregas a cuenta por la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de un 40% más que en 2018 alcanzando la cifra récord de 870 millones de euros en 2024”.
“Estamos ante el Gobierno más municipalista que ha existido hasta ahora, sensible a las necesidades de las corporaciones locales, para que su labor se traduzca en mejoras reales para la ciudadanía”, afirmó Salas.
¿Qué permitirá este real decreto-ley?
La normativa abre la puerta a que los superávits generados en 2024 se destinen a proyectos clasificados como Inversiones Financieramente Sostenibles, sin que computen en la regla de gasto de los próximos tres años. Esto facilitará importantes actuaciones en ámbitos de interés público.
Además, si alguna inversión no pudiera ejecutarse completamente antes del 31 de diciembre de 2026, podrá terminarse en 2027, siempre que el proyecto esté iniciado antes de la primera fecha límite y que la financiación provenga del remanente y del superávit de 2024.
