El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha reconocido oficialmente como víctima al cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, cuyos restos han sido entregados a su familia en un acto institucional celebrado en Minas de Riotinto.
El acto ha estado presidido por el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha reivindicado la figura de Ortega Godoy como símbolo de quienes defendieron la legalidad republicana frente al golpe de Estado de 1936. “El ejemplo del cabo Godoy, igual que el de miles de represaliados en nuestro país, es el que nos ha traído hasta la democracia”, ha señalado.
Luis Ortega Godoy fue fusilado el 26 de agosto de 1936 por las fuerzas sublevadas, convirtiéndose en el primer ejecutado en la localidad onubense por su lealtad al orden constitucional vigente en aquel momento. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio municipal, donde permaneció durante décadas.
El hallazgo de sus restos en 2022 permitió confirmar las circunstancias de su asesinato, desmontando versiones difundidas durante el franquismo que cuestionaban su actuación. La exhumación evidenció que el cabo fue ejecutado vistiendo su uniforme, lo que ha sido interpretado como una prueba de su integridad y compromiso.
El ministro ha subrayado que Ortega Godoy fue “doblemente víctima”: por su asesinato y por la manipulación posterior de su memoria. En este sentido, ha defendido el papel de las políticas públicas de memoria democrática para restituir la verdad, la dignidad y el honor de las víctimas.
Nacido en Zafarraya (Granada), Ortega Godoy había sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito Militar y la Medalla de la Paz de Marruecos. En los días posteriores al golpe, organizó la defensa de Minas de Riotinto junto a un grupo de mineros. Tras su ejecución, dejó viuda, Magdalena Martín Mallen, y siete hijos. Su esposa también sufrió represión, siendo obligada a exiliarse a Marruecos junto a la mayor parte de su familia.
Durante el acto, el ministro ha tenido palabras de reconocimiento para los familiares de las víctimas, destacando especialmente el papel de las mujeres represaliadas. Asimismo, ha advertido sobre los riesgos de banalizar el pasado, apelando a la necesidad de preservar la memoria histórica como garantía democrática frente a discursos que trivializan el autoritarismo.
Al homenaje han asistido familiares del cabo, entre ellos su nieta, así como representantes institucionales, responsables de la Guardia Civil y el equipo técnico encargado de la exhumación.
Con este reconocimiento, el Ejecutivo reafirma su compromiso con las políticas de memoria democrática y con la reparación moral de las víctimas de la represión franquista.
