El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha estimado la denuncia presentada el 15 de octubre de 2025 por el Grupo Municipal Socialista contra el Ayuntamiento de Estepona por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Tras reiterados ruegos y preguntas formulados en los plenos de enero, junio y julio de 2025, en los que se solicitaba la publicación actualizada de las retribuciones reales de concejales y cargos de confianza en el Portal de Transparencia, y ante la falta de respuesta del equipo de gobierno, el PSOE decidió acudir al órgano garante andaluz para defender el derecho de la ciudadanía a una información pública veraz, completa y accesible.
La Resolución PA-017/2026, dictada el 26 de febrero de 2026 dentro del expediente PA-2025/0087, concluye que el Ayuntamiento no publicó correctamente las cantidades realmente percibidas en 2024 por los miembros de la Corporación, ni mantuvo completa y actualizada la información relativa al personal eventual y sus salarios, incumpliendo así la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y la Ley 19/2013 de transparencia estatal.
El Consejo es claro en su pronunciamiento: no basta con publicar acuerdos plenarios o tablas retributivas genéricas. Deben hacerse públicas las cantidades efectivamente percibidas de forma anual, clara y verificable. Según la resolución, esa información no estaba disponible en los términos exigidos por la normativa vigente.
Por ello, el órgano andaluz requiere al Ayuntamiento de Estepona que publique correctamente esta información en el plazo de un mes desde la notificación, debiendo además acreditar ante el propio Consejo el cumplimiento del requerimiento.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideran “grave” que haya tenido que intervenir el Consejo de Transparencia para que el equipo de gobierno cumpla con una obligación legal que califican de “básica”. “La transparencia no es opcional ni depende de la presión de la oposición: es un mandato legal y un principio democrático esencial”, señalan.
Los socialistas subrayan que el dinero público “no pertenece a ningún gobierno”, sino a los vecinos y vecinas de Estepona, que —afirman— tienen derecho a conocer con claridad, sin opacidad y sin excusas, cómo se gestiona y en qué se gasta cada euro.
