Inclusión desmiente que el proceso genere presión sobre los servicios públicos o esté dirigido a nuevas llegadas
El Gobierno ha intensificado su estrategia de respuesta frente a la desinformación en torno al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, rechazando de forma tajante que esta medida tenga efectos negativos sobre el mercado de la vivienda o los servicios públicos.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, se ha advertido de la proliferación de “bulos” en el debate público, especialmente aquellos que vinculan la regularización con un encarecimiento del acceso a la vivienda. Según fuentes del departamento, esta afirmación es “falsa”, subrayando que la población extranjera no impulsa los precios, sino que es uno de los colectivos que más dificultades enfrenta para acceder a una vivienda digna.
En este sentido, el Ejecutivo sostiene que los datos oficiales reflejan una mayor vulnerabilidad residencial entre la población migrante, con niveles de sobreocupación significativamente superiores a los de la población española.
El Ministerio también ha desmentido otras narrativas extendidas en redes sociales y en el discurso político, como la idea de que la regularización esté diseñada para atraer a nuevas llegadas. Por el contrario, recalca que el proceso se limita a personas que ya se encontraban en España antes del anuncio de la medida, en línea con los requisitos establecidos.
Asimismo, insiste en que la ausencia de antecedentes penales es una condición imprescindible para acceder a la regularización, desmontando otro de los argumentos recurrentes en el debate público.
En el ámbito administrativo, el Gobierno ha negado que el proceso vaya a provocar un colapso en servicios como Correos o la Seguridad Social, al tiempo que ha detallado que se han habilitado sistemas de cita previa y ampliación de horarios para absorber la demanda sin interferir en la atención ordinaria.
Respecto al impacto en los servicios públicos, el Ejecutivo sostiene que los indicadores disponibles muestran que la población extranjera hace un uso inferior del sistema sanitario en comparación con la población nacional, lo que cuestiona los discursos que alertan de una supuesta sobrecarga.
El Gobierno también ha querido aclarar que la regularización no implica la concesión automática de la nacionalidad española, ya que este proceso requiere años de residencia legal y el cumplimiento de exigentes requisitos administrativos y formativos.
La ofensiva comunicativa del Ejecutivo se produce en un contexto de fuerte polarización política y social en torno a la política migratoria, donde la difusión de informaciones inexactas está condicionando la percepción ciudadana sobre una medida que podría beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular.
