El Gobierno de España participa en un proyecto piloto destinado a facilitar la obtención de certificados profesionales a personas inmigrantes mediante autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo socioformativo. La iniciativa se desarrolla en Málaga a través de un acuerdo suscrito este miércoles entre la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y diversas organizaciones empresariales, sindicales y entidades sociales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
La Oficina de Extranjería en Málaga será la encargada de realizar el seguimiento de las solicitudes y prestar asesoramiento a las entidades firmantes, con el objetivo de garantizar que los procedimientos se tramiten con las máximas garantías administrativas. El proyecto se enmarca en el Foro Provincial de Málaga para la integración de las personas de origen migrante y busca reforzar la coordinación institucional en materia de inclusión social y laboral.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que el acuerdo responde a una doble finalidad: facilitar itinerarios reales de integración para las personas migrantes y atender las necesidades del tejido productivo mediante una formación ajustada a los perfiles profesionales más demandados. Salas ha destacado además el trabajo desarrollado por la Oficina de Extranjería en la gestión de los distintos procedimientos vinculados al arraigo.
Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, en mayo de 2025, la Oficina de Extranjería en Málaga ha tramitado 9.507 solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, de las cuales 8.948 corresponden a diferentes modalidades de arraigo. En este periodo se han registrado 1.398 autorizaciones por arraigo socioformativo, una figura que permite a las personas beneficiarias trabajar por cuenta ajena hasta un máximo de 30 horas semanales, compatibilizando empleo y formación.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de solicitudes de autorizaciones por circunstancias excepcionales ha aumentado un 160,87%, mientras que el conjunto de trámites gestionados por la Oficina de Extranjería se ha incrementado un 24,20% respecto a 2024. Ante este aumento de la carga administrativa, el Gobierno reforzó en mayo la plantilla de la Oficina de Extranjería de Málaga con 20 empleados públicos más, hasta alcanzar un total de 81 efectivos, un 41% más que en 2018.
Según los últimos datos oficiales citados por la Subdelegación del Gobierno, las personas extranjeras representan actualmente el 16,5% de los trabajadores afiliados y en alta en la Seguridad Social en la provincia de Málaga. En este contexto, el subdelegado ha subrayado que la regularización a través de las distintas modalidades de arraigo contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones y al necesario relevo generacional del mercado laboral.
Javier Salas ha remarcado que el arraigo socioformativo permite a las personas migrantes con mayores dificultades de acceso al empleo obtener una autorización de residencia vinculada a la adquisición previa de formación en sectores con alta demanda laboral. Según ha explicado, el proyecto piloto se apoya en el trabajo previo desarrollado en la provincia y refuerza la seguridad jurídica del procedimiento mediante una mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales.
