Los socialistas lamentan el rechazo a declarar la ciudad zona tensionada y advierten del aumento de precios y el éxodo vecinal
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la negativa de PP y Vox a apoyar una moción destinada a frenar la crisis habitacional en la ciudad, una propuesta que incluía la declaración de Málaga como zona tensionada para limitar el precio de la vivienda.
La iniciativa, presentada por la concejala socialista Mari Carmen Sánchez en la comisión de Economía y Hacienda, fue rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno. Desde el PSOE han lamentado lo que consideran una “falta de voluntad política” para abordar un problema que califican de “dramático”.
Sánchez ha asegurado que “los precios actuales hacen imposible acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler” y ha acusado al Partido Popular de “poner alfombra roja a la especulación”. En este sentido, ha defendido la aplicación de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como herramienta para limitar las subidas abusivas.
La edil socialista también ha señalado directamente al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, por lo que considera una falta de acción ante el problema. “Se está imponiendo la especulación frente al derecho constitucional a una vivienda digna”, ha afirmado.
Según los datos aportados por el PSOE, el precio de la vivienda en Málaga ha experimentado un incremento interanual del 11,38%, situando el coste medio de un piso por encima de los 250.000 euros, una cifra que consideran inasumible frente a salarios medios de unos 1.300 euros mensuales. Asimismo, han denunciado que viviendas que hace unos años costaban 200.000 euros superan actualmente los 400.000 euros.
En cuanto al alquiler, los socialistas alertan de que las mensualidades por encima de los 900 o 1.000 euros están dificultando la emancipación de los jóvenes y generando una creciente presión económica sobre las familias. Esta situación, aseguran, ha provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas hacia municipios de la provincia, con el consiguiente impacto en la movilidad diaria.
La moción incluía, entre otras medidas, la limitación de precios del alquiler, un recargo del 150% en el IBI para viviendas vacías y bonificaciones fiscales para propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler de larga duración. También contemplaba la creación de una comisión técnica para detectar viviendas turísticas ilegales y la retirada de cajas de seguridad instaladas en la vía pública.
Además, se proponían ayudas para autónomos afectados por el incremento de los alquileres de locales comerciales, así como bonificaciones en tasas municipales.
Desde el PSOE consideran que el rechazo a estas propuestas evidencia un modelo de ciudad “orientado al turismo y la especulación” en detrimento de la convivencia vecinal, y han acusado al equipo de gobierno de priorizar intereses económicos frente a las necesidades de la ciudadanía.
