El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para exigir “máxima transparencia” en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad.
Los socialistas denuncian la existencia de “sospechas de presuntas irregularidades” en el reparto de viviendas públicas y de precio protegido durante la última década y proponen la creación de una comisión de supervisión que ponga fin, aseguran, a la opacidad y refuerce la confianza de las familias malagueñas.
Control público en las promociones
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha explicado que la iniciativa pone el foco tanto en las promociones gestionadas por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) como en aquellas impulsadas mediante fórmulas de colaboración público-privada.
“Cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada decida a quién se le adjudica una vivienda. Debe existir un control exhaustivo por parte del IMV”, ha señalado Pérez, quien ha reclamado listas claras, información auditada y un control público real en todos los procesos.
La moción llega tras el caso ocurrido en Alicante, donde la adjudicación de VPO ha derivado en varias dimisiones políticas. Según el portavoz socialista, Málaga no puede permitirse que se repitan situaciones similares en un contexto en el que la ciudad registra algunos de los precios de alquiler y compra más elevados del país.
El caso de Garnica
El PSOE ha puesto como ejemplo la promoción de VPO situada en la avenida Ingeniero José María Garnica, pendiente de entrega desde hace más de dos años. Según ha denunciado Pérez, los primeros adjudicatarios “no han tenido siquiera la opción de elegir vivienda u orientación”, además de sufrir retrasos en unas obras que, según afirman, están prácticamente finalizadas pero sin actividad visible en el solar.
“Esto impide que 35 familias puedan desarrollar una vida normalizada y acceder a un derecho básico”, ha lamentado el portavoz socialista.
Propuesta de comisión y auditorías
La concejala socialista Carmen Martín, que defenderá la moción en comisión, ha detallado que solicitará la creación de una comisión no permanente de supervisión con representación proporcional de todos los grupos municipales.
Entre las medidas planteadas figura la realización de una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas en los últimos diez años, así como la contratación de una auditoría externa independiente que verifique la corrección de los procesos.
Además, el PSOE pedirá un informe en un plazo máximo de tres meses sobre el Registro Municipal de Demandantes, con datos sobre solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos de espera, así como mecanismos para prevenir posibles conflictos de intereses mediante declaraciones responsables de incompatibilidad.
El testimonio de los adjudicatarios
En representación de varias familias afectadas, el adjudicatario José Fernández ha denunciado “dos años y medio de engaños” tras haber firmado contrato en julio de 2022 y abonado más de 36.000 euros por familia sin haber recibido aún la vivienda.
Según su relato, las viviendas estaban supuestamente ejecutadas al 92% en 2024, pero la obra continúa prácticamente paralizada. Fernández también ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso de elección: “No me ofrecieron todas las opciones disponibles. Pedía un último piso con orientación sur y me dijeron ‘esto es lo que hay’”.
Las familias afectadas aseguran que el retraso está generando un fuerte impacto económico y personal, al tener que afrontar alquileres elevados mientras esperan una vivienda cuya entrega sigue sin fecha concreta.
Con esta iniciativa, el PSOE reclama “claridad y justicia” en la gestión de la vivienda pública en Málaga y exige al equipo de gobierno municipal que refuerce los mecanismos de control y transparencia en un ámbito que consideran especialmente sensible para la ciudadanía.
