El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de “blindar a los especuladores” en plena crisis habitacional, mientras permite el desahucio de una madre trabajadora con dos hijos menores en el distrito de Campanillas.
Se trata de Jessica Gil, residente en una VPO en Maqueda, que afronta el lanzamiento de su vivienda el próximo 13 de marzo. Según ha relatado durante el pleno municipal, ni el concejal de Vivienda ni el propio alcalde han atendido sus llamadas o escritos.
“La Málaga real que se desangra”
Daniel Pérez ha asegurado que el caso de Gil representa “la Málaga real, la que se desangra”, recordando que más de 50.000 malagueños han abandonado la ciudad en la última década por el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda.
Durante su intervención, el portavoz socialista mostró en el salón de plenos unas declaraciones de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en las que afirmaba que “hay familias que compran una vivienda sin pedir hipoteca porque no todos los malagueños son pobres”.
La moción urgente presentada por el PSOE no prosperó tras los votos en contra del Partido Popular y de Vox en distintos puntos del texto.
Propuesta de un “Plan Vivir” e intervención del mercado
El grupo socialista planteó la puesta en marcha de un “Plan Vivir” para intervenir el mercado inmobiliario y frenar la expulsión de vecinos, siguiendo el modelo aplicado en Barcelona bajo el gobierno del socialista Jaume Collboni. Pérez recordó que el Tribunal Constitucional ha avalado la retirada de licencias de viviendas de uso turístico una vez superado su periodo de vigencia.
Según los datos aportados por el PSOE, en Málaga existen 13.000 viviendas de uso turístico y se han convertido cerca de 800 locales comerciales en infraviviendas entre 2023 y 2025. Además, aseguró que la capital es la segunda ciudad de España que mayor esfuerzo económico exige a sus ciudadanos para pagar el alquiler, alcanzando el 70% de sus ingresos.
La moción también incluía medidas para frenar la conversión de locales en infraviviendas, retirar cajetines de llaves en fachadas y agilizar el pago del Bono Alquiler Joven, que acumula retrasos de hasta dos años, según denunció el portavoz socialista.
Oficina contra abusos y crítica a la inacción
Pérez defendió la creación de una Oficina Municipal de Defensa ante los abusos de los llamados “fondos buitre” y acusó tanto al alcalde como al presidente andaluz de no adoptar medidas para frenar la especulación.
“O cambiamos el modelo, o intervenimos el mercado, o los malagueños se tendrán que ir”, advirtió el líder socialista, que pidió al regidor malagueño “menos soberbia y más respuestas” ante lo que considera el principal problema de la ciudad: el acceso a una vivienda asequible.
