El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que colabore de forma inmediata con el Ministerio de Vivienda para exigir a las plataformas digitales la retirada de 1.845 pisos turísticos ilegales detectados en la capital.
Según los últimos datos oficiales, Málaga se ha convertido en la tercera gran ciudad de España con mayor presión de fraude turístico por habitante, con una tasa de 31,5 viviendas turísticas ilegales por cada 10.000 vecinos, una cifra que prácticamente duplica la de Madrid y supera incluso a Barcelona. Para Pérez, esta situación es consecuencia directa de la “inacción” del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, ambas gobernadas por el Partido Popular.
El portavoz socialista ha valorado positivamente la actuación del Gobierno central, que ha solicitado la retirada de 21.872 anuncios fraudulentos en toda Andalucía, calificándola como “la única medida real y efectiva frente a la pasividad cómplice del PP”. En este sentido, ha acusado al alcalde de “boicotear la Ley de Vivienda” y de negarse a actuar contra los infractores mientras recurre a instancias europeas para frenar el Registro Único estatal.
“Ha tenido que venir el Ministerio desde Madrid a poner orden en el caos que el Partido Popular ha creado en Málaga”, ha afirmado Pérez, quien ha calificado de “insulto a los malagueños” que la Junta y el Ayuntamiento destinen recursos públicos a litigios judiciales “para proteger a los especuladores en lugar de defender a las familias que no pueden pagar un alquiler”.
Durante su comparecencia, Pérez ha mostrado datos cruzados del Instituto Nacional de Estadística, el Padrón Municipal, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano y el Registro de Alojamientos Turísticos, con los que ha advertido de que Málaga “está en el podio nacional de la presión turística ilegal”. Actualmente, la ciudad roza las 13.000 viviendas turísticas con cerca de 600.000 habitantes, mientras que Barcelona, con más de dos millones de empadronados, cuenta con unas 8.000.
El dirigente socialista ha insistido en que los 1.845 pisos ilegales detectados son solo “la punta del iceberg” de un modelo fallido, recordando que el número de viviendas turísticas ha pasado de unas 2.000 en 2016 a casi 13.000 en la actualidad. “Cada piso turístico ilegal es un hogar robado a una familia malagueña”, ha subrayado.
Por último, Pérez ha emplazado al alcalde a elegir entre “seguir siendo el abogado defensor de los especuladores” o “ponerse del lado de los vecinos”, aplicando la Ley de Vivienda, declarando Málaga como Zona Tensionada y prohibiendo definitivamente nuevas licencias de viviendas turísticas.
