El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la iniciativa anunciada por el equipo de gobierno para frenar la conversión de locales comerciales en viviendas, asegurando que la medida “llega casi tres años tarde” y después de que cerca de 700 negocios hayan desaparecido de los barrios desde 2024.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha acusado al Partido Popular de haber permitido durante años la transformación de bajos comerciales en “infraviviendas” sin impulsar una regulación que protegiera el tejido económico de los barrios malagueños.
“Esta supuesta medida de urgencia que el Ayuntamiento quiere vender ahora llega, literalmente, tres años tarde. Durante este tiempo, hemos visto cómo cientos de negocios locales, los de toda la vida, han tenido que echar el cierre definitivo”, ha afirmado Pérez.
El dirigente socialista ha asegurado que muchos comerciantes se encuentran “asfixiados y estresados” por el incremento de los alquileres mientras, según sostiene, el Ayuntamiento “miraba hacia otro lado dejando morir a los barrios de Málaga”.
Pérez también ha puesto el foco en la actuación de la Gerencia Municipal y en las autorizaciones concedidas durante los últimos años para este tipo de transformaciones. “Los datos son demoledores. El Ayuntamiento ha autorizado 695 conversiones de locales en viviendas desde el año 2024. Han dado libertad absoluta a los especuladores para que arrasen con los bajos comerciales y los conviertan en minipisos rentables a costa de la ciudad”, ha señalado.
Además, el portavoz socialista ha advertido de que algunas de estas actuaciones han terminado derivando en apartamentos turísticos. “Sabían perfectamente que si una de estas transformaciones genera tres o más viviendas, escapan a la moratoria y acaban explotándose como apartamentos turísticos. Lo advertimos en su momento y no hicieron nada”, ha criticado.
Desde el PSOE consideran que este modelo urbanístico no ha contribuido a resolver el problema de acceso a la vivienda en Málaga y sostienen que ha favorecido la proliferación de espacios reducidos destinados a la especulación inmobiliaria.
“Permitir que los locales comerciales se troceen no es política de vivienda, es dar vía libre a la creación de infraviviendas”, ha asegurado Pérez, que ha defendido la necesidad de impulsar vivienda pública y asequible frente a lo que considera un modelo centrado en el beneficio económico.
“El equipo de gobierno ha convertido la necesidad de vivienda de las familias en una nueva vía de escape para la especulación inmobiliaria. Lo que tiene que hacer es construir más vivienda pública y a precio asequible, no VPO a 300.000 euros”, ha concluido.
