El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado las condiciones de acceso a la convocatoria de adjudicación de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler en la parcela R-3 del sector Universidad (SUP T.8), gestionadas por la promotora privada Lagoom Living. Según los socialistas, los requisitos establecidos en el pliego técnico “son excluyentes y elitistas”, ya que dejan fuera a trabajadores con ingresos bajos mientras permiten el acceso a rentas más elevadas.
El portavoz socialista en el consistorio, Daniel Pérez, ha denunciado que el modelo de vivienda del equipo de gobierno “ha pervertido el concepto de protección oficial”. Según ha explicado, el pliego exige ingresos mínimos de 25.000 euros anuales, lo que deja fuera a personas que perciben salarios cercanos al salario mínimo interprofesional, mientras permite optar a estas viviendas a familias con ingresos de hasta 71.000 euros anuales en el caso de los pisos de tres habitaciones.
Estas viviendas protegidas tendrán alquileres que oscilarán entre 545 y 743 euros mensuales, y podrán solicitarlas personas con rentas de hasta 5,5 veces el IPREM, una cifra que, según los socialistas, abre la puerta a hogares con ingresos elevados.
Pérez ha señalado que este modelo “da la espalda a quienes más lo necesitan”, especialmente a jóvenes y familias con salarios modestos. En este sentido, ha recordado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en Málaga ronda los 23.000 euros brutos anuales, por debajo del umbral mínimo exigido para optar a estas viviendas.
Además, ha apuntado que en distritos con mayor vulnerabilidad económica, como Palma-Palmilla o Cruz de Humilladero, los ingresos medios apenas alcanzan 11.500 euros netos anuales, lo que hace prácticamente imposible que sus residentes puedan acceder a estas viviendas protegidas.
El portavoz socialista ha calificado la política de vivienda del alcalde Paco de la Torre como “muy deficiente” y ha advertido de que la situación de la vivienda en la ciudad es cada vez más grave. “La especulación ha provocado que 50.000 malagueños hayan tenido que abandonar la ciudad en los últimos años. Hace falta intervenir en el mercado y que el Ayuntamiento deje de poner la alfombra roja a la especulación”, ha afirmado.
Por su parte, la concejala socialista responsable de Vivienda, Carmen Martín, ha denunciado que las bases establecen “un muro insalvable” para muchos jóvenes que buscan emanciparse. En este sentido, se ha preguntado cuántos menores de 35 años en Málaga superan los 25.000 euros anuales de ingresos, requisito mínimo para acceder a una vivienda de un dormitorio, cifra que asciende hasta 34.600 euros en el caso de viviendas de tres o cuatro habitaciones.
Martín también ha señalado a la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, a la que acusa de agravar la crisis de vivienda con decretos que han elevado tanto el precio de las VPO como los ingresos necesarios para acceder a ellas.
Asimismo, la edil ha criticado que el proceso de adjudicación esté gestionado por una promotora privada, lo que, a su juicio, supone un riesgo en términos de control y transparencia. “Se están dejando las adjudicaciones en manos de promotoras privadas sin garantías suficientes”, ha advertido, señalando además el riesgo de que se maneje información sensible de los solicitantes.
Por último, Martín ha lamentado que la Junta de Andalucía haya dejado casi 1.000 millones de euros del Gobierno de España sin ejecutar para políticas de vivienda y ha reclamado la aplicación de la ley estatal en zonas tensionadas para reducir los precios.
“Anunciar 62 viviendas con estos precios y requisitos no es una solución, es una burla a las miles de familias y jóvenes malagueños que no llegan a fin de mes”, ha concluido.
