Carmen Martín exige paralizar temporalmente el proceso y revisar los expedientes rechazados ante las denuncias de la Plataforma de Afectados VPO Málaga. Las familias cuestionan los requisitos económicos impuestos por las gestoras privadas y las exigencias documentales, que en uno de los casos han llegado a 167 archivos
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado las dificultades que están encontrando numerosas familias para acceder a las viviendas protegidas de alquiler asequible del sector Universidad, donde, según la información facilitada por los afectados, únicamente se han adjudicado 12 de las 91 viviendas de la promoción R15 después de cuatro meses de tramitación.
La viceportavoz socialista y responsable de Vivienda del PSOE municipal, Carmen Martín, ha cuestionado el modelo de gestión público-privado aplicado en las promociones R3, R11, R12 y R15, gestionadas por las empresas Lagoom Living y Sogeviso.
La concejala ha anunciado una moción que defenderá el próximo viernes 20 de noviembre en la comisión municipal de Derechos Sociales y Vivienda para solicitar la revisión de los procedimientos de adjudicación.
Martín presentó la iniciativa este martes, acompañada por la concejala socialista Mari Carmen Sánchez y por decenas de familias integrantes de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, que denuncian rechazos, falta de explicaciones y dificultades para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
El PSOE denuncia que numerosas familias se están quedando fuera de las viviendas protegidas
Carmen Martín ha calificado de «auténtico fracaso» la gestión de estas promociones y ha acusado al equipo de gobierno municipal de no garantizar que las viviendas lleguen a las familias que necesitan acceder a un alquiler asequible.
La edil sostiene que más del 90% de las personas que resultaron adjudicatarias en el sorteo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) están siendo excluidas posteriormente del procedimiento, una cifra denunciada por el PSOE que no ha sido contrastada con el conjunto de expedientes.
Según Martín, algunas familias recibieron una comunicación en la que se les asignaba una vivienda concreta, con bloque, piso y puerta, para posteriormente encontrarse con un rechazo de su solicitud.
La responsable socialista ha criticado la falta de explicaciones y las dificultades que, según denuncia, encuentran los afectados para reclamar estas decisiones.
«Es inaceptable que a estas familias, después de años solicitando una vivienda asequible, se les mande un correo diciéndoles que tienen asignada una vivienda, empiecen a preparar sus cosas con toda la ilusión y, días después, reciban otro correo […] denegándoles esa posibilidad sin ningún tipo de explicación ni posibilidad de reclamar», ha manifestado.
Martín ha puesto también el ejemplo de familias que pagan más de 1.000 euros mensuales por una vivienda en el mercado libre y que, según ha señalado, no han conseguido acceder a alquileres protegidos de unos 600 euros.
Diferencias en los requisitos económicos respecto a otras promociones públicas
La portavoz de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, Laura García, ha denunciado las diferencias entre los criterios económicos aplicados en estas promociones y los establecidos en otras viviendas públicas del mismo distrito.
Según García, en promociones gestionadas directamente desde el ámbito público, como las R10 y R16, se exige un mínimo de ingresos anuales de 15.500 euros.
Sin embargo, ha asegurado que en las promociones cuestionadas se han establecido umbrales mínimos de entre 23.300 y 23.500 euros anuales, casi un 50% superiores, para viviendas de características similares.
La portavoz ha señalado que, en el caso de la promoción R15, la aplicación de estos criterios deja un margen de apenas 918,60 euros respecto al máximo de ingresos permitido para unidades de convivencia de una sola persona, situado en 24.418,60 euros.
Los afectados consideran que esta diferencia restringe el acceso a las viviendas de personas que cumplen los requisitos generales de protección pública, pero no superan los criterios de solvencia económica aplicados por la gestora.
García ha cuestionado también que se utilicen determinadas casillas de la declaración de la renta para valorar los ingresos, sin tener suficientemente en cuenta situaciones económicas posteriores.
Según su denuncia, esta práctica perjudica a personas con discapacidad, trabajadores que han atravesado bajas médicas o familias afectadas por permisos de maternidad y paternidad.
Hasta 167 documentos para solicitar una vivienda
Otra de las principales quejas de la plataforma se refiere a los trámites administrativos exigidos durante el procedimiento.
Laura García ha denunciado que algunos solicitantes han tenido que presentar numerosos justificantes en plazos que consideran insuficientes.
Entre los documentos mencionados figuran certificados tributarios, información sobre riesgos financieros, sentencias de divorcio y justificantes de determinados gastos o compras financiadas.
La portavoz ha puesto como ejemplo el caso de un afectado que, según ha explicado, llegó a aportar 167 documentos para tramitar su solicitud.
También ha cuestionado que se exijan determinados certificados en un plazo de cinco días cuando, según sostiene, su expedición puede demorarse hasta veinte.
«¿Es normal tener que subir esa cantidad de documentos para optar a una vivienda pública que pagamos todos los malagueños y que luego te la rechacen?», ha preguntado.
La representante de los afectados ha señalado que, cuatro meses después del inicio de la tramitación de la promoción R15, únicamente se habían adjudicado 12 de sus 91 viviendas, por lo que alrededor de 79 continuarían sin adjudicar según los datos aportados por la plataforma.
Una afectada denuncia rechazos sin validar previamente la documentación
Durante la comparecencia también intervino Eva Moncayo, afectada del sector Universidad, quien denunció diferencias en la aplicación de los criterios económicos según cada expediente.
Moncayo ha asegurado que algunas personas han podido presentar nóminas para acreditar su solvencia actual, mientras que otras no han tenido esa posibilidad.
Asimismo, ha relatado el caso de un solicitante al que inicialmente se le denegó una vivienda, después se le aceptó la documentación por un cambio de bases y, finalmente, volvió a recibir una respuesta negativa dos días antes de la firma del contrato.
La afectada también ha cuestionado la gestión de su propio expediente.
Según ha explicado, dispone de capturas de pantalla en las que su documentación figura como pendiente de validar, mientras que la solicitud aparece ya como denegada.
Moncayo considera necesario establecer procedimientos homogéneos y transparentes para evitar diferencias de trato entre las familias solicitantes.
El PSOE exige paralizar el proceso y revisar los expedientes con funcionarios del IMV
Ante estas denuncias, Carmen Martín ha anunciado que su grupo solicitará en la comisión municipal del viernes una serie de medidas para revisar el funcionamiento de las adjudicaciones.
La principal petición será paralizar temporalmente el procedimiento mientras se aclaran los criterios utilizados.
El PSOE también reclamará una revisión integral de los expedientes rechazados, con participación de funcionarios públicos del Instituto Municipal de la Vivienda.
Asimismo, pedirá que se hagan públicos los criterios económicos aplicados por las gestoras privadas y que se apruebe un protocolo municipal común para garantizar los derechos de los solicitantes.
La viceportavoz socialista considera que el Ayuntamiento debe asumir un mayor papel de supervisión sobre las promociones desarrolladas con suelo y recursos públicos.
La plataforma da 72 horas al Ayuntamiento para ofrecer soluciones
Laura García ha recordado que, según los datos manejados por la Plataforma de Afectados VPO Málaga, estas promociones cuentan con una importante aportación de recursos públicos.
Entre las cantidades citadas figuran más de 13,5 millones de euros en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, más de 50 millones procedentes de fondos ICO y ayudas de la Junta de Andalucía.
La plataforma considera que esta participación pública hace especialmente necesario garantizar la transparencia de los procedimientos y la adecuada atención a las familias solicitantes.
Los afectados han anunciado que conceden un plazo de 72 horas al Ayuntamiento de Málaga y al Instituto Municipal de la Vivienda para recibir soluciones por escrito antes de emprender acciones legales.
Por su parte, Carmen Martín ha insistido en que el Consistorio debe revisar la gestión de unas promociones concebidas para facilitar el acceso a alquileres asequibles.
La situación de las viviendas protegidas del sector Universidad llegará así a la comisión municipal de Derechos Sociales y Vivienda del viernes 20 de noviembre, donde el PSOE defenderá la paralización temporal de las adjudicaciones, la revisión de los expedientes rechazados y una mayor supervisión pública de los criterios aplicados.
Las denuncias expuestas corresponden al grupo socialista y a las familias afectadas. La información facilitada no incluye una respuesta de las empresas gestoras ni del equipo de gobierno municipal sobre estas reclamaciones.







