El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su defensa del uso social, ciudadano y memorialista de la antigua Prisión Provincial de Málaga, ubicada en el distrito de Cruz de Humilladero y declarada Lugar de Memoria Histórica y Democrática, y ha anunciado una batería de enmiendas al proyecto de actualización del Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU con el objetivo de aumentar su grado de protección y evitar por ley cualquier intento de expolio de su interior.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha avanzado que el PSOE solicitará elevar el nivel de protección del edificio del Grado II al Grado I, lo que implicaría la protección integral del inmueble, incluido su interior, impidiendo así la realización de obras de calado que alteren su configuración actual. Esta medida busca frenar posibles actuaciones derivadas de una eventual cesión del edificio a una universidad privada o empresa de Formación Profesional, ya que, según ha denunciado el grupo socialista, el Ayuntamiento trabaja en pliegos para conceder su gestión a la educación privada.
Pérez ha recordado que la antigua prisión, inaugurada en los años treinta del siglo XX, es un testimonio clave de la represión franquista en Málaga, escenario durante la Guerra Civil y la dictadura de detenciones arbitrarias y durísimas condiciones de reclusión para presos políticos. “Su conservación es una obligación moral y democrática, reforzada por la Ley de Memoria Democrática”, ha subrayado, insistiendo además en que “Paco de la Torre debe escuchar a los vecinos”, que reclaman desde hace décadas que el edificio dé acogida a asociaciones y colectivos sociales del barrio.
Desde el PSOE valoran positivamente la actualización del Catálogo de Edificios Protegidos “como una herramienta imprescindible para la defensa del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad”, pero advierten de que “la experiencia reciente demuestra que la protección solo es eficaz si va acompañada de normas claras, controles reales y voluntad política”. En este sentido, los socialistas han recordado la “pérdida irreversible” de edificios emblemáticos como La Mundial, Villa Maya o Villa Acacia, derribados antes de que el equipo de gobierno actuara con la agilidad necesaria para su protección.
Enmiendas para blindar el patrimonio
Las enmiendas del Grupo Municipal Socialista se estructuran en cuatro grandes ejes. El primero plantea una mayor precisión normativa en el régimen de protección de Grado II, que actualmente “podría generar arbitrariedad”. El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo ha señalado que el PSOE se opone a que “cambie la cárcel por dentro tal y como la conocemos”, defendiendo que debe ser “un lugar de interpretación de uno de los capítulos más crueles y oscuros de nuestra historia, un relato que solo se comprende visitando su interior tal y como está”.
Ruiz ha explicado que otra de las enmiendas busca una definición estricta y objetiva de los supuestos excepcionales de intervención en edificios protegidos con Grado II. “Actualmente, los límites y criterios técnicos son difusos, lo que convierte la protección patrimonial en una etiqueta vacía que permite reinterpretaciones discrecionales”, dejando la puerta abierta a intervenciones sin criterios técnicos homogéneos y verificables.
Un tercer bloque de enmiendas se centra en el refuerzo del control, el seguimiento y la transparencia. El PSOE propone la creación de un sistema público de seguimiento de licencias concedidas en edificios catalogados, así como un informe anual que evalúe intervenciones autorizadas, demoliciones parciales, cambios de uso y el estado real de conservación de los valores patrimoniales. “Las actuaciones en edificaciones protegidas deben ser conocidas por todos, informadas anualmente y públicas”, ha defendido Ruiz, quien ha denunciado que “en esta ciudad parece que primero se planean los pelotazos y después se adapta la planificación urbana”.
Defensa del uso ciudadano frente a la privatización
Estas reivindicaciones se suman a la defensa pública realizada por el Grupo Municipal Socialista junto a vecinos y colectivos memorialistas en una reciente concentración convocada por el Movimiento por la Antigua Prisión. En dicho acto, el portavoz socialista Daniel Pérez denunció los planes del Partido Popular para privatizar el edificio y reiteró que “la cárcel provincial no se vende” y debe ser “un centro social y ciudadano, para el barrio y para toda la ciudad”.
El concejal socialista Pablo Orellana, responsable del distrito de Cruz de Humilladero, ha insistido en que este espacio debe seguir siendo público y ha denunciado que el Partido Popular “se ha olvidado de sus promesas electorales”. Orellana ha señalado la falta de equipamientos públicos en barriadas como Santa Julia, La Unión, Carranque, García Grana, Los Corazones o El Carmen, donde los vecinos reclaman centros de día para mayores y espacios culturales. “Cada año vemos cómo la banda de Cruz de Humilladero tiene que ofrecer su concierto de Navidad en un pabellón deportivo de un centro educativo”, ha ejemplificado.
En la misma línea, Rafael Molina, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga, ha recordado que en hasta cuatro plenos municipales se aprobó por unanimidad el uso social de la antigua prisión, acuerdos que “al día siguiente se intentaban cambiar”. Molina ha lamentado que se esté “rompiendo una promesa” y ha advertido de que reducir el centro de memoria a “un pequeño patio” supondría perder un espacio emblemático para la ciudad.
Por su parte, Juan Campoy, de la Asociación de Vecinos Cooperación de Cruz de Humilladero, ha recordado que desde 1991 los vecinos reclaman un uso público del recinto, defendiendo que, además del centro de memoria histórica y cultural, el barrio necesita un centro de día para personas mayores, dado el envejecimiento de la población en la zona.
“El Partido Popular no puede seguir vendiendo el patrimonio de todos para un uso privativo”, han coincidido los representantes socialistas y vecinales, subrayando que la lucha por la antigua Prisión Provincial no es solo una defensa de la memoria democrática, sino también una reivindicación de espacios comunes y servicios públicos para los barrios de Málaga.
