Una nueva sentencia judicial ha declarado ilegal la negativa del Ayuntamiento de Estepona a abonar correctamente determinados complementos salariales a un agente de la Policía Local correspondientes a los años 2021 y 2022.
El juzgado ha estimado íntegramente el recurso presentado contra un decreto de Alcaldía de abril de 2025 y reconoce el derecho del funcionario a percibir el denominado complemento de turno completo también en pagas extraordinarias, vacaciones y periodos de incapacidad temporal, así como el abono de los intereses legales correspondientes.
La resolución judicial establece que dicho complemento no puede tratarse como una gratificación ocasional, sino como un complemento específico fijo y periódico, al formar parte de la jornada ordinaria del servicio. La sentencia se apoya en doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que determinan que los servicios prestados en turnos nocturnos y festivos deben computar como retribución ordinaria.
El propio Ayuntamiento había reconocido este carácter al modificar la Relación de Puestos de Trabajo en febrero de 2023, aunque, según recoge la sentencia, se negó a aplicarlo con efectos retroactivos, lo que obligó al agente afectado a acudir a los tribunales.
Críticas del PSOE de Estepona
Desde el PSOE de Estepona consideran que este caso no es aislado, sino que responde a una forma de gestión que, a su juicio, vulnera derechos laborales y obliga a trabajadores municipales a litigar para cobrar lo que legalmente les corresponde.
La portavoz socialista, Emma Molina, ha afirmado que el alcalde, José María García Urbano, ha desarrollado “una política de personal centrada en la confrontación y en el recorte de derechos de los trabajadores municipales”, señalando que muchos empleados se han visto obligados a acudir a los tribunales para defender sus derechos.
Molina ha añadido que el gobierno local “vuelve a perder en los juzgados por una decisión arbitraria” y ha subrayado que la sentencia demuestra que se ha actuado contra derecho, perjudicando económicamente durante años a empleados públicos del Ayuntamiento.
Asimismo, desde el PSOE denuncian que el Consistorio ha recurrido la sentencia con rapidez, lo que —según sostienen— podría incrementar el coste final del procedimiento con intereses y gastos judiciales.
Los socialistas exigen explicaciones políticas, depuración de responsabilidades y garantías de que situaciones similares no vuelvan a repetirse, además de que el Ayuntamiento revise de oficio otros posibles casos afectados. “El coste final de estas malas decisiones no lo paga quien firma los decretos ilegales; lo acaban pagando los vecinos y vecinas de Estepona”, concluyen.
