La Subdelegación del Gobierno habilita un servicio de asesoramiento para afectados y familiares, con atención a domicilio para quienes no puedan desplazarse. El Ejecutivo destina 30 millones de euros a ayudas directas y anticipos de indemnizaciones.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha puesto en marcha una Oficina de Atención Integral dirigida a las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), con el objetivo de facilitar el acceso a las ayudas económicas y anticipos de indemnizaciones aprobados por el Gobierno de España.
Este nuevo servicio ofrecerá información, asesoramiento personalizado y acompañamiento durante los procedimientos administrativos necesarios para solicitar las prestaciones, evitando que las personas afectadas tengan que afrontar solas la tramitación de las ayudas.
La oficina malagueña forma parte de una red de ocho puntos de atención habilitados en Andalucía, uno en cada provincia, que trabajarán de manera coordinada con las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Atención personalizada y asistencia a domicilio
La Oficina de Atención Integral de Málaga ha habilitado los teléfonos 952 989 125 y 952 989 191, así como el correo electrónico oficinaintegral.malaga@correo.gob.es, para atender las consultas de las víctimas y sus familiares.
Además, las personas afectadas que no puedan desplazarse hasta las dependencias administrativas podrán recibir asistencia directamente en sus domicilios, independientemente del lugar de Andalucía en el que residan.
Esta atención se prestará a través del personal de la Subdelegación del Gobierno y del programa ‘La Administración Cerca de Ti’, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El Gobierno destina 30 millones de euros a las víctimas
La apertura de estas oficinas coincide con la aprobación, el pasado 3 de noviembre, de un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda.
La norma contempla una dotación de 30 millones de euros, repartidos en 15 millones para ayudas directas y otros 15 millones destinados a anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
En los casos de fallecimiento, se establece una ayuda directa de 72.121,46 euros por víctima, a la que se suma un anticipo de indemnización por el mismo importe. De esta forma, la cantidad prevista por ambos conceptos asciende a 144.242,92 euros por persona fallecida, que se distribuirá entre los beneficiarios conforme a los criterios establecidos.
Para las personas que hayan sufrido lesiones corporales, las cuantías dependerán de su gravedad y oscilarán entre los 2.404,04 y los 84.141,70 euros, tanto en las ayudas directas como en los anticipos correspondientes.
Estas prestaciones serán compatibles con las indemnizaciones legalmente previstas para las víctimas de accidentes ferroviarios y estarán exentas de tributación.
El objetivo de estas medidas es agilizar la llegada de los recursos económicos a los afectados, sin que tengan que esperar a la resolución de los procedimientos ordinarios de las aseguradoras.
Mayor protección laboral y prestaciones desde el primer día
El Real Decreto-ley también incorpora medidas extraordinarias de protección en materia de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por el siniestro.
Entre ellas, destaca que las bajas por incapacidad temporal derivadas del accidente tendrán, excepcionalmente, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos.
Esto permitirá percibir la prestación desde el primer día de baja, con una cuantía equivalente al 75 % de la base reguladora, frente al 60 % previsto inicialmente para las bajas por contingencias comunes.
Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como las prestaciones por incapacidad permanente parcial vinculadas al accidente, se calcularán conforme a las condiciones de los accidentes de trabajo cuando resulten más favorables para las personas beneficiarias.
Esta protección se extenderá también a quienes pertenezcan al Régimen de Clases Pasivas del Estado y tengan derecho a pensiones extraordinarias como consecuencia del siniestro.
Según recoge la normativa, estas medidas de protección social se aplicarán de oficio, sin necesidad de solicitud por parte de los afectados, y tendrán efectos retroactivos, incluso cuando las bajas o pensiones ya hayan sido reconocidas o extinguidas.
Con la puesta en marcha de la oficina de Málaga, la Administración central pretende acercar los recursos y servicios públicos a las víctimas y sus familias, facilitando tanto la tramitación de las ayudas económicas como el acceso a las medidas de protección aprobadas tras el accidente ferroviario de Urda.
