La Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga denuncia que más del 90 % de los expedientes examinados han sido rechazados por motivos económicos, pese a que los solicitantes habían recibido previamente la asignación de una vivienda concreta. Los afectados reclaman paralizar las adjudicaciones y revisar los criterios utilizados
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, explicaciones urgentes ante las numerosas exclusiones denunciadas por familias que habían resultado seleccionadas para acceder a las viviendas protegidas de alquiler promovidas por Lagoom Living, en el entorno de la Universidad de Málaga.
La viceportavoz socialista, Mari Carmen Martín, ha acompañado a representantes de la recién constituida Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga para denunciar las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de estas viviendas, desarrolladas sobre suelo municipal y con financiación pública.
Según han explicado, numerosas familias recibieron inicialmente una comunicación en la que se les asignaba una vivienda concreta, con información detallada sobre su ubicación, planta, puerta, aparcamiento y trastero. Sin embargo, posteriormente fueron notificadas de su exclusión por motivos económicos.
«A la mayoría de la gente que ha salido seleccionada para adjudicación de una vivienda, casi el 100 % primero se le ha dado la vivienda y luego se le ha notificado la denegación», ha señalado Martín, quien ha lamentado la incertidumbre generada entre personas que llevaban años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda protegida.
El PSOE reclama transparencia y la revisión de todos los expedientes
La responsable socialista ha recordado que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realizó el sorteo de las viviendas y trasladó posteriormente los listados de titulares y suplentes a Lagoom Living, empresa promotora encargada de continuar con el procedimiento de adjudicación.
Martín considera que el equipo de gobierno municipal no puede desvincularse de lo ocurrido, ya que las promociones se están desarrollando sobre terrenos públicos y cuentan con financiación procedente de distintas administraciones.
«No debemos olvidar que estas son viviendas públicas que se hacen con fondos públicos y en suelo público y el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado y decir que las familias afectadas se dirijan a Lagoom Living a reclamarle», ha manifestado.
En este sentido, ha exigido al gobierno de Francisco de la Torre que aclare lo sucedido en la promoción R-15 y garantice la transparencia en los procedimientos correspondientes al resto de promociones de Lagoom Living.
Entre las principales reivindicaciones del PSOE se encuentran la revisión individualizada de las solicitudes, tanto de los adjudicatarios titulares como de los suplentes, y la comprobación de posibles errores en el cálculo de los ingresos familiares.
La formación considera necesario analizar si los datos económicos utilizados reflejan realmente la situación actual de los solicitantes.
«El Ayuntamiento de Málaga tiene la responsabilidad para vigilar todo el proceso de adjudicación de estas viviendas para que sea lo más transparente posible», ha insistido Martín.
Asimismo, ha solicitado una reunión urgente entre el Ayuntamiento, la promotora y los representantes de las familias afectadas para esclarecer los criterios aplicados y establecer mecanismos de reclamación.
Las familias denuncian haber recibido una vivienda asignada antes de ser rechazadas
Por su parte, Laura García, portavoz de la Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga, ha relatado las dificultades que, según denuncia, han encontrado los solicitantes durante el procedimiento.
Tras el sorteo realizado por el IMV, las familias recibieron un correo electrónico de Sogeviso, empresa contratada por Lagoom Living para gestionar las adjudicaciones, con información detallada sobre la vivienda que les correspondía.
«Se le ha asignado tal vivienda, bloque tal, número tal, parking tal, todos los datos. Se pagará 503 euros de alquiler más 100 euros de comunidad. Y a partir de ahí empieza el calvario», ha explicado García.
Según su testimonio, posteriormente se les concedió un plazo de apenas diez días para presentar una amplia documentación económica, que incluía declaraciones de la renta, certificados bancarios e información sobre deudas y obligaciones financieras.
La portavoz ha descrito el procedimiento como «un calvario, una odisea, peor que si estuviéramos pidiendo una hipoteca».
Además, asegura que más del 90 % de los expedientes sobre los que la plataforma ha recopilado información habrían terminado rechazados, aunque ha precisado que se trata de datos provisionales pendientes de comprobación.
Este porcentaje corresponde exclusivamente a los casos examinados por la plataforma y no constituye una cifra oficial del conjunto de adjudicatarios de las promociones.
Denuncian denegaciones sin explicaciones detalladas ni vías claras de reclamación
Una de las principales quejas de las familias afectadas es la falta de información sobre los motivos concretos de su exclusión.
Según García, las comunicaciones recibidas únicamente indican que la solicitud ha sido rechazada por incumplir requisitos económicos, sin especificar qué condiciones no se cumplen ni cómo pueden presentar alegaciones.
«Nos lo deniegan a través de un correo electrónico y te ponen que ha sido denegada por requisitos económicos. Punto. No ponen nada más, ni permiten reclamar la decisión», ha denunciado.
La plataforma también cuestiona los criterios empleados para evaluar la capacidad económica de las familias, especialmente cuando se utilizan datos de declaraciones fiscales anteriores que, según sostiene, no reflejan sus ingresos actuales.
«Que se nos revise la situación económica actual. Y no las casillitas 460 ni 435, porque esa casilla no da la información real de nuestros ingresos netos», ha reclamado García.
Los afectados consideran contradictorio que familias que actualmente afrontan alquileres de entre 1.000 y 1.200 euros mensuales en el mercado privado sean rechazadas para acceder a viviendas protegidas cuyo coste ronda los 600 euros, incluyendo los gastos de comunidad.
«Nosotros podemos pagar este alquiler, igual que estamos pagando 1.000 euros, 1.200 euros en el mercado privado», ha asegurado la portavoz.
Piden paralizar las adjudicaciones hasta resolver las reclamaciones
Ante esta situación, la Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga ha reclamado la paralización inmediata de los procedimientos de adjudicación de las viviendas afectadas hasta que se revisen las exclusiones y se compruebe la situación económica real de cada solicitante.
El colectivo teme que los inmuebles inicialmente asignados a las familias rechazadas sean adjudicados definitivamente a otras personas antes de que puedan presentar y resolver sus reclamaciones.
«Lo que pedimos desde aquí es que estos expedientes de todos nosotros se paralicen inmediatamente y no se les otorgue a las personas que están detrás de nosotros», ha manifestado Laura García.
La portavoz ha apelado directamente al alcalde de Málaga y al responsable municipal de Vivienda, Francisco Javier Pomares, para que intervengan y garanticen un procedimiento transparente.
«Mucha promoción, mucha VPO, ¿para quién son esas VPO?», ha cuestionado García, insistiendo en que las familias únicamente reclaman una revisión justa de sus circunstancias y la posibilidad de acceder a las viviendas para las que fueron inicialmente seleccionadas.
Por su parte, Mari Carmen Martín ha responsabilizado políticamente al alcalde de la situación, recordando que el Ayuntamiento ha participado en la puesta a disposición del suelo y en las condiciones de desarrollo de estas promociones.
«Paco de la Torre es responsable porque el suelo es público, hay fondos públicos de diferentes administraciones, él es el alcalde de Málaga», ha afirmado la edil, añadiendo que el regidor «no puede estar solo para ponerse en la foto» cuando se anuncian nuevas viviendas protegidas.
El PSOE y la plataforma coinciden en reclamar una revisión exhaustiva de los expedientes, mayor transparencia y una solución urgente para las familias afectadas, ante la posibilidad de perder una oportunidad de acceso a una vivienda protegida después de años de espera.
Las exclusiones y las posibles deficiencias del procedimiento recogidas en esta información corresponden a las denuncias formuladas por el Grupo Municipal Socialista y la plataforma de afectados, sin que se haya aportado en esta comunicación una respuesta del Ayuntamiento de Málaga, Lagoom Living o Sogeviso.
