El organismo andaluz amplía en tres meses el plazo para resolver la denuncia presentada por el presunto incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha acordado ampliar en tres meses el plazo para resolver la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Estepona por el presunto incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa relacionadas con las declaraciones de bienes de los miembros de la Corporación municipal.
Según ha informado el PSOE de Estepona, la ampliación se debe exclusivamente a la acumulación de expedientes y a la falta de medios personales del organismo autonómico. El procedimiento, por tanto, continúa abierto y pendiente de resolución.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Emma Molina, ha defendido el derecho de la ciudadanía a conocer el patrimonio y los posibles intereses económicos de quienes ejercen responsabilidades públicas en el Ayuntamiento.
“Los vecinos de Estepona tienen derecho a saber cuál es el patrimonio de quienes gobiernan su Ayuntamiento”, ha afirmado.
El PSOE reclama la publicación de las declaraciones
Molina ha recordado que su grupo lleva años denunciando que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, no ha publicado su declaración de bienes desde que accedió a la Alcaldía hace quince años.
La dirigente socialista considera que esta situación incumple las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas exigibles a cualquier representante público.
“Quince años después, los vecinos siguen sin saber cuál es el patrimonio de su alcalde, si ha variado durante todo este tiempo o si existen posibles conflictos de interés”, ha manifestado.
A juicio de Molina, la transparencia debe ser especialmente rigurosa en el caso de los responsables políticos que llevan largos periodos administrando recursos públicos.
“La transparencia no puede ser opcional, especialmente para quien lleva tanto tiempo gestionando los recursos públicos de todos los esteponeros”, ha añadido.
Referencias a su etapa como diputado
La portavoz socialista ha señalado asimismo que García Urbano tampoco habría hecho pública su declaración de bienes durante su etapa como diputado en el Congreso.
Para el PSOE, esta circunstancia refleja una forma de ejercer la política alejada de los niveles de rendición de cuentas que, según la formación, demanda la ciudadanía.
Molina también ha aludido a la actividad empresarial atribuida al alcalde y a las informaciones difundidas sobre la vinculación de una de sus sociedades con una promoción de apartamentos turísticos en Málaga.
“Precisamente por eso resulta todavía más necesario que exista la máxima transparencia y que los ciudadanos puedan conocer el patrimonio y los intereses económicos de quien ocupa la Alcaldía”, ha señalado.
Los socialistas piden despejar cualquier duda
El PSOE ha vuelto a referirse a la relación pública entre García Urbano y el empresario Bonifacio Solís, cuyas empresas, según la formación, han resultado adjudicatarias de distintos proyectos urbanísticos y de construcción en Estepona durante los últimos años.
Molina ha insistido en que su grupo no está formulando acusaciones, sino reclamando la publicación de una información que considera legalmente exigible.
“Esta situación hace aún más imprescindible despejar cualquier duda mediante el cumplimiento estricto de las obligaciones de transparencia”, ha declarado.
“No estamos realizando acusaciones, sino reclamando que se publique la información que la ley exige para garantizar la confianza de la ciudadanía”, ha subrayado.
A la espera de la resolución
La portavoz socialista ha defendido que la transparencia institucional no debe limitarse a la comunicación pública de la gestión municipal, sino que debe incluir el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa.
“La transparencia no consiste en hacer propaganda institucional, sino en cumplir la ley. Si no hay nada que ocultar, no existe ninguna razón para seguir negando a los vecinos una información que debe ser pública”, ha concluido.
El PSOE de Estepona confía en que el Consejo de Transparencia resuelva el expediente en el nuevo plazo establecido y determine si el Ayuntamiento debe publicar las declaraciones de bienes de los integrantes de la Corporación municipal.
