Rosa del Mar Rodríguez reclama más recursos y menos demoras en el sistema de dependencia, mientras Pablo Orellana consigue el compromiso de que el VIII Plan de Inclusión Social esté en vigor antes del 28 de febrero de 2027
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el voto contrario del PP a varias de las propuestas incluidas en una moción sobre el sistema de atención a la dependencia defendida por la concejala Rosa del Mar Rodríguez en la Comisión de Derechos Sociales. En la misma sesión, el edil socialista Pablo Orellana ha destacado el acuerdo alcanzado para que el VIII Plan de Inclusión Social esté aprobado y en vigor antes del 28 de febrero de 2027 y permita a Málaga concurrir nuevamente a las ayudas estatales para programas de prevención de adicciones.
En materia de dependencia, Rodríguez ha cuestionado la gestión del sistema andaluz y ha reclamado a la Junta que incremente los recursos destinados a la atención de las personas dependientes. “Si hay más financiación, ¿cómo tenemos más listas de espera?”, ha preguntado la concejala, que ha insistido en la necesidad de reducir los tiempos de tramitación.
“La historia de la dependencia en Andalucía continúa siendo la historia de los retrasos y de las esperas y, si hay una cosa que las personas dependientes no tienen, es precisamente tiempo”, ha manifestado.
La socialista ha cifrado en 42.082 las personas dependientes en lista de espera en Andalucía y, citando un informe de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, ha señalado que hasta julio de 2026 habrían fallecido 2.552 personas mientras esperaban acceder al sistema de dependencia.
Las cifras difundidas por la Junta de Andalucía ofrecen, por su parte, otros indicadores sobre la evolución del sistema. A cierre de julio de 2026 contabilizaba 358.621 personas atendidas y 564.395 prestaciones, mientras que situaba el tiempo medio de espera en 424 días, la cifra más baja registrada por la Administración autonómica en los últimos 15 años.
Plan de choque y más plazas públicas
Entre los puntos planteados por el PSOE que sí han recibido el respaldo unánime de la comisión se encuentran la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las listas de espera, el refuerzo de los equipos encargados de la valoración y tramitación de expedientes, la creación de nuevas plazas residenciales públicas y la atención prioritaria a las personas con ELA.
Esta última dispone ya de un procedimiento de tramitación preferente en Andalucía, al igual que determinados casos de urgencia o emergencia social y los menores de seis años.
Rodríguez ha defendido que es necesario adoptar “urgentemente medidas estructurales que agilicen los expedientes y refuercen esos equipos cargados de valoraciones”, además de incrementar las infraestructuras públicas de atención.
Otros puntos de la iniciativa socialista no han salido adelante. Según el PSOE, el PP ha rechazado propuestas dirigidas a favorecer la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, crear un programa municipal de respiro familiar y apoyo psicológico para personas cuidadoras y constituir una Mesa Local de la Dependencia.
La concejala ha centrado también parte de su intervención en las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio. Rodríguez ha cifrado en unas 15.000 las personas que trabajan en este ámbito en la provincia, de las que ha asegurado que aproximadamente el 95% son mujeres, y ha denunciado situaciones de jornadas incompletas, horarios partidos, bajos salarios y dificultades para realizar los desplazamientos entre servicios.
Un nuevo plazo para el VIII Plan de Inclusión Social
La segunda parte del debate ha estado centrada en las políticas municipales de prevención de adicciones y ocio alternativo para jóvenes.
El concejal socialista Pablo Orellana ha destacado el compromiso alcanzado para que el VIII Plan de Inclusión Social de Málaga esté aprobado y en vigor antes del 28 de febrero de 2027 e incorpore un instrumento específico en materia de prevención de adicciones.
El objetivo, según el socialista, es que el Ayuntamiento pueda volver a presentarse a las convocatorias del Plan Nacional sobre Drogas.
“No les pedimos que cambien de política. Les pedimos previsión, tener un plan y presentar una solicitud dentro del plazo”, ha señalado Orellana.
El Ayuntamiento adjudicó en marzo de 2025 la elaboración del VIII Plan de Inclusión Social por 19.118 euros, con un plazo de dos años y como documento estratégico para el periodo 2026-2029.
Las ayudas estatales exigen disponer de un plan en vigor
Orellana sostiene que Málaga recibió 512.396 euros de financiación estatal entre 2021 y 2024 para el programa ‘Alterna en tu Ocio’, mientras que en 2025 dejó de obtener estos fondos.
Uno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para optar a las ayudas dirigidas a corporaciones locales es, precisamente, disponer de un Plan de Drogas o Adicciones en vigor en la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE. Este requisito figura expresamente en la convocatoria correspondiente a 2025.
El socialista vincula la ausencia de financiación en 2025 con la situación de la planificación municipal, ya que el VII Plan de Inclusión Social había finalizado el 31 de diciembre de 2024 y el VIII estaba todavía en proceso de elaboración.
Orellana ha destacado además que el volumen de las convocatorias estatales no disminuyó. El crédito máximo para las ayudas de 2025 fue ampliado hasta 4,5 millones de euros, mientras que en 2026 se elevó hasta 4,503 millones.
“El dinero estaba, y era más que nunca. Lo que faltó fue la solicitud”, ha afirmado el concejal.
Más presupuesto para ‘Alterna en tu Ocio’
El acuerdo alcanzado contempla además consignar al menos 124.289 euros en el Presupuesto Municipal de 2027 para ampliar ‘Alterna en tu Ocio’ por encima de las plazas y actividades inicialmente programadas.
Según la propuesta socialista, cualquier financiación estatal, autonómica o europea que consiga el Ayuntamiento para programas dirigidos a la juventud deberá utilizarse para incrementar la oferta, sin que ello suponga reducir la aportación municipal.
“Las políticas de juventud las tiene que pagar este Ayuntamiento con su presupuesto y lo que venga de fuera tiene que servir para hacer más, no para poner menos”, ha defendido Orellana.
De esta forma, la Comisión de Derechos Sociales deja dos escenarios diferentes: un desacuerdo político en varias de las propuestas sobre dependencia y consenso para fijar plazos y requisitos que permitan recuperar financiación externa destinada a la prevención de adicciones entre la juventud malagueña.
