Mariano Ruiz Araujo acusa al gobierno local de favorecer la especulación y reclama más vivienda protegida y medidas que faciliten la permanencia de las familias en la ciudad
El Grupo Municipal Socialista ha criticado la política de vivienda del Ayuntamiento de Málaga después de que el precio medio de la vivienda usada alcanzara en junio los 3.784 euros por metro cuadrado, un 9,4% más que en el mismo mes del año anterior.
El portavoz socialista y responsable del área de Urbanismo, Mariano Ruiz Araujo, ha acusado al equipo de gobierno de favorecer un modelo de ciudad orientado hacia los inversores y los fondos inmobiliarios, en detrimento de las familias que tienen dificultades para comprar o alquilar una vivienda.
Según los datos citados por la formación, el alquiler en la capital se sitúa en 15,51 euros por metro cuadrado. Ruiz Araujo considera que esta evolución está provocando que numerosos residentes tengan que trasladarse a otros municipios ante la imposibilidad de asumir los precios.
“Málaga se vende al mejor postor y expulsa a las familias”, ha afirmado el portavoz, que ha responsabilizado al alcalde, Francisco de la Torre, de no adoptar medidas suficientes para frenar el encarecimiento residencial.
Críticas tras los plenos extraordinarios
Las declaraciones se producen después de la celebración de varias sesiones municipales centradas en la vivienda y el urbanismo. El Ayuntamiento aprobó una moratoria de tres años para impedir la implantación de nuevos hoteles y bloques de apartamentos turísticos en terrenos destinados a uso residencial. La medida salió adelante con los votos del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox y Con Málaga.
El PSOE considera que la moratoria llega tarde y resulta insuficiente para responder a la emergencia habitacional. Ruiz Araujo también ha acusado al alcalde de intentar restar protagonismo al pleno solicitado por los socialistas para debatir el estado de la ciudad y la situación de la vivienda.
El portavoz ha criticado que De la Torre delegara buena parte de las intervenciones en la portavoz municipal, Elisa Pérez de Siles, y ha rechazado las afirmaciones realizadas durante la sesión sobre las retribuciones asociadas a la celebración de los plenos extraordinarios.
El Reglamento Orgánico del Pleno establece la celebración anual de una sesión extraordinaria dedicada a analizar el estado de la ciudad. El anterior debate se celebró el 14 de enero de 2025.
Ruiz Araujo ha sostenido que el debate solo se celebrará en dos ocasiones durante el actual mandato y ha acusado al gobierno municipal de falta de transparencia y de evitar la rendición de cuentas.
El precio de venta sube un 9,4% en un año
El precio medio anunciado para la vivienda usada en Málaga capital alcanzó en junio de 2026 un nuevo máximo de 3.784 euros por metro cuadrado. La cifra representa una subida mensual del 0,8%, trimestral del 1,7% e interanual del 9,4%, según el índice de Idealista.
Para el PSOE, estos datos reflejan el deterioro del acceso a la vivienda en los barrios y evidencian la necesidad de aumentar la construcción de vivienda protegida.
Ruiz Araujo ha rechazado además que la falta de suministro eléctrico pueda utilizarse como explicación para justificar el ritmo de promoción de vivienda pública y ha pedido al Ayuntamiento que acelere los proyectos previstos.
Reclaman vivienda pública y una tasa turística
El portavoz socialista también ha defendido la implantación de una tasa turística destinada a compensar los costes que genera esta actividad y a financiar políticas públicas, entre ellas la promoción de vivienda asequible.
Ruiz Araujo ha señalado que la regulación de esta tasa corresponde a la Junta de Andalucía y ha reclamado al alcalde que solicite al Gobierno autonómico su puesta en marcha.
El PSOE sostiene que el Ayuntamiento debe aumentar la oferta de vivienda protegida, limitar los efectos de la especulación inmobiliaria y adoptar medidas que permitan a las familias continuar residiendo en Málaga.
La moratoria aprobada por el pleno afecta a la construcción de nuevos hoteles y bloques de apartamentos turísticos en suelo residencial, aunque excluye los terrenos de uso terciario y los proyectos que ya se encontraban en tramitación.
