Los socialistas sostienen que la resolución evidencia que la privatización de servicios “solo ha beneficiado a las empresas concesionarias”
El Grupo Municipal Socialista de Estepona ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a una empresa concesionaria a abonar las diferencias salariales adeudadas a trabajadores subrogados, al reconocer unos derechos laborales que, según el PSOE, “nunca debieron ser cuestionados”.
Para los socialistas, esta resolución supone una victoria de los trabajadores frente al modelo de externalización impulsado por el gobierno de José María García Urbano en servicios municipales como playas, jardines, ayuda a domicilio, limpieza o mantenimiento de infraestructuras.
La portavoz socialista, Emma Molina, ha señalado que “esta sentencia demuestra que la externalización no ha servido para mejorar los servicios ni las condiciones laborales, sino para beneficiar a las empresas concesionarias mientras los trabajadores perdían derechos”.
Desde el PSOE recuerdan que los acuerdos de subrogación garantizaban el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales de los empleados. “Es de justicia que perciban las cantidades que les corresponden y que se respeten sus derechos”, ha afirmado Molina.
Los socialistas denuncian, además, que la gestión externalizada ha generado desigualdades salariales injustificadas entre los propios trabajadores de las empresas concesionarias. Según el Grupo Municipal Socialista, empleados que realizan funciones similares dentro de una misma empresa perciben salarios distintos, una situación que, a su juicio, evidencia el fracaso de este modelo de gestión.
Asimismo, el PSOE reclama reforzar las plantillas de los servicios públicos y garantizar condiciones laborales dignas para quienes prestan servicios al Ayuntamiento de Estepona.
“Los servicios públicos funcionan gracias al esfuerzo diario de sus trabajadores. Merecen estabilidad, salarios justos y el pleno respeto de sus derechos”, ha concluido Emma Molina.
El PSOE de Estepona asegura que seguirá defendiendo un modelo de gestión que priorice el interés general, la calidad de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores por encima del beneficio de las empresas concesionarias.
