El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado lo que considera una “grave y reiterada mala gestión” del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de seguridad, tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia del Edificio de Usos Múltiples, sede de la Gerencia de Urbanismo. Según los socialistas, el inmueble llegó a funcionar con un solo vigilante, lo que obligó al cierre anticipado del edificio y a la reducción del horario de atención al público.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha calificado la situación como “un nuevo ejemplo de improvisación, dejadez y falta de control del PP sobre los servicios públicos municipales”. Pérez ha advertido de que, ante la falta de personal de seguridad, la Policía Local tuvo que asumir tareas de vigilancia que no le correspondían, pese a que desde el área de Servicios Operativos se levantaron actas de incumplimiento a la empresa concesionaria desde el pasado 21 de diciembre.
“Es inadmisible que un edificio clave para la ciudadanía y para cientos de trabajadores municipales haya estado semanas funcionando sin las mínimas garantías de seguridad por la incapacidad del PP para supervisar y exigir el cumplimiento de un contrato público”, ha señalado el portavoz socialista. En este sentido, ha subrayado que contar con una sola persona para la vigilancia de un edificio de estas dimensiones “no solo es irresponsable, sino peligroso”, y ha criticado que se incumplieran turnos completos, incluido el nocturno.
Daniel Pérez ha reprochado además al equipo de gobierno su falta de reacción ante una situación que, según ha indicado, estaba debidamente documentada desde hace semanas. “Las actas de incumplimiento existían, pero el PP ha mirado para otro lado hasta que el problema ha estallado y ha afectado directamente a la ciudadanía”, ha afirmado. El portavoz socialista también ha puesto el foco en las consecuencias para los trabajadores municipales y para los propios vigilantes de seguridad privada, alertando de una posible vulneración de sus derechos laborales y salariales.
Por todo ello, desde el PSOE se ha exigido la asunción de responsabilidades políticas y se ha reclamado que los futuros contratos públicos se adjudiquen con mayores garantías de control, calidad y respeto a los trabajadores. “No basta con rescindir un contrato cuando el daño ya está hecho. El PP debe explicar por qué permitió esta situación y qué medidas va a adoptar para que no vuelva a repetirse”, ha insistido Pérez.
Desde el colectivo de trabajadores, que este jueves mantuvo una reunión con el grupo socialista, también se ha denunciado la “grave situación laboral y de seguridad” derivada de la adjudicación del contrato a la empresa Dabo Seguridad. El presidente de la asociación Marea Negra, José Antonio Sánchez Molina, trabajador del propio Edificio de Usos Múltiples, ha explicado que de una plantilla inicial de siete vigilantes, cinco se encuentran actualmente de baja por ansiedad, una trabajadora está de vacaciones y solo queda una persona para cubrir el servicio, lo que hace “imposible garantizar la seguridad del edificio”.
Sánchez ha denunciado además retrasos reiterados en el pago de salarios, en incumplimiento del convenio colectivo del sector de la seguridad privada. Según ha detallado, los problemas comenzaron en septiembre, lo que motivó denuncias ante la Inspección de Trabajo y comunicaciones al Ayuntamiento. “En diciembre volvimos a cobrar fuera de plazo y, a día de hoy, seguimos sin percibir el salario correspondiente al mes de diciembre”, ha señalado.
El presidente de Marea Negra ha advertido de que esta situación afecta directamente al funcionamiento del edificio y a la atención a la ciudadanía. “Sin una seguridad plena no se puede garantizar un servicio normal ni una atención adecuada al público”, ha afirmado. Por ello, el colectivo ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga un mayor control en la adjudicación de contratos públicos y que se impida el acceso a concursos municipales de empresas sin solvencia. “Es imprescindible cumplir estrictamente los pliegos y apostar por empresas que garanticen tanto la seguridad como los derechos laborales”, ha concluido.
