Dani Pérez y Víctor González reclaman medidas para facilitar el acceso a viviendas asequibles y critican la gestión del suelo público municipal. Los socialistas cuestionan las promociones de viviendas protegidas de Galivivienda, con precios que, según denuncian, alcanzan los 255.000 euros
El PSOE ha reclamado que Vélez-Málaga y Torre del Mar sean declaradas zonas de mercado residencial tensionado ante el incremento de los precios de la vivienda. El parlamentario andaluz y portavoz socialista de Vivienda, Dani Pérez, ha exigido a la Junta de Andalucía que aplique los mecanismos previstos en la Ley estatal de Vivienda para facilitar el acceso a una residencia asequible, especialmente entre jóvenes y familias con mayores dificultades económicas.
Durante una comparecencia junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González, Pérez ha criticado la política de vivienda desarrollada por el Partido Popular tanto desde el Gobierno municipal como desde la Junta de Andalucía.
Según las cifras expuestas por el parlamentario, el precio de la vivienda en Vélez-Málaga ha aumentado un 10 % durante el último año, mientras que en Torre del Mar el incremento acumulado alcanza el 50 % en los últimos tres años.
Para el PSOE, estos datos reflejan un problema creciente de acceso a la vivienda que requiere una mayor intervención de las administraciones públicas.
El PSOE cuestiona las viviendas protegidas de más de 250.000 euros
Una de las principales críticas de Dani Pérez se ha centrado en la utilización del suelo municipal para promover viviendas de protección oficial a través de entidades privadas.
El parlamentario ha cuestionado que, mientras los precios inmobiliarios continúan aumentando, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga haya optado por vender parcelas de titularidad pública en lugar de impulsar directamente promociones asequibles mediante su empresa municipal de vivienda, Emvipsa.
En particular, ha señalado las promociones vinculadas a Galivivienda, donde, según las cifras denunciadas por los socialistas, se comercializan viviendas protegidas por importes superiores a los 250.000 euros y se contemplan alquileres que pueden rondar los 900 euros mensuales.
Pérez considera que estas cantidades resultan difíciles de asumir para numerosos hogares y desvirtúan, a su juicio, la finalidad social de la vivienda protegida.
El dirigente socialista ha reclamado que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a promover nuevas viviendas públicas a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
También ha defendido la necesidad de conservar el patrimonio municipal de suelo y destinarlo a iniciativas que permitan reducir el coste de acceso a una vivienda.
Víctor González exige revisar los precios y la gestión de las VPO
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor González, ha vuelto a cuestionar la gestión de las viviendas de protección oficial promovidas durante el mandato municipal del Partido Popular.
González ha denunciado que algunas de las viviendas protegidas alcanzan precios de hasta 255.000 euros, mientras que, según su comparación, existen inmuebles de renta libre en el entorno que se ofrecen por aproximadamente 234.000 euros.
El representante socialista considera que esta situación obliga a revisar los precios y las condiciones de las promociones para garantizar que cumplen con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingresos limitados.
Asimismo, ha recordado las denuncias formuladas anteriormente por su grupo municipal sobre el procedimiento inicial de reserva y adjudicación de las viviendas de Galivivienda.
El PSOE había cuestionado la transparencia del proceso y reclamado explicaciones sobre los mecanismos empleados para seleccionar a las personas adjudicatarias.
La controversia sobre estas promociones se ha desarrollado durante el mandato del anterior alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, quien presentó su dimisión el pasado 14 de octubre en un contexto de fuerte tensión política municipal.
González ha calificado la gestión de la vivienda protegida como uno de los episodios más controvertidos de la etapa municipal del PP y ha insistido en la necesidad de esclarecer los procedimientos utilizados.
Reclaman a la Junta la declaración de zonas tensionadas
Dani Pérez ha planteado la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda como una de las principales medidas para actuar frente al encarecimiento residencial.
La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permite activar determinados mecanismos de intervención sobre el mercado del alquiler, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos previstos en la normativa.
La competencia para efectuar esta declaración corresponde a la administración autonómica competente en vivienda, a partir de una evaluación de los precios, los ingresos de los hogares y las dificultades de acceso a una residencia habitual.
El PSOE considera que Vélez-Málaga y Torre del Mar deben ser objeto de esta evaluación y reclama a la Junta de Andalucía que impulse el procedimiento necesario.
Los socialistas sostienen que la aplicación de estas herramientas permitiría avanzar en la contención de los precios y mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda habitual.
Emvipsa, acuerdos urbanísticos y autoconstrucción: las propuestas socialistas para 2027
Víctor González también ha avanzado algunas de las propuestas que el PSOE pretende incorporar a su proyecto político de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.
Entre ellas destaca recuperar el protagonismo de Emvipsa como instrumento público para promover viviendas protegidas con precios ajustados a las posibilidades económicas de los vecinos.
El portavoz socialista ha defendido que la empresa municipal debe asumir un papel más activo en la construcción y gestión de promociones asequibles.
También ha planteado establecer acuerdos urbanísticos con promotores privados que permitan obtener viviendas para uso público sin necesidad de vender el patrimonio municipal.
Otra de las alternativas propuestas es impulsar proyectos de autoconstrucción sobre suelo público, una fórmula que el PSOE considera que podría contribuir a ampliar la oferta residencial y reducir los costes de acceso.
La formación sostiene que las administraciones deben priorizar políticas que faciliten la permanencia de los jóvenes y las familias en el municipio, evitando que el encarecimiento inmobiliario obligue a trasladar su residencia a otras localidades.
Con estas reivindicaciones, el PSOE vuelve a situar la vivienda en el centro del debate político de Vélez-Málaga, reclamando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una mayor implicación en la promoción pública y en la contención de los precios del mercado residencial.
