Los socialistas llevarán al próximo Pleno de Málaga los retrasos de la promoción y advierten de que las condiciones hipotecarias de varios compradores expiran el 30 de septiembre
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a reclamar la entrega inmediata de las 35 viviendas de protección oficial de la avenida Ingeniero José María Garnica, cuyos adjudicatarios llevan años esperando para poder acceder a sus nuevos hogares.
El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, y la viceportavoz y responsable de Vivienda del grupo, Carmen Martín, han respaldado a los afectados durante una concentración celebrada ante la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), donde las familias han denunciado las consecuencias económicas y personales que les está provocando el retraso.
La promoción de Garnica está formada por 35 viviendas protegidas de régimen general en venta, además de garajes, trasteros y un local comercial. Según la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, las obras comenzaron en febrero de 2021 con un presupuesto de adjudicación de 3,66 millones de euros y actualmente la actuación continúa figurando oficialmente entre las promociones en ejecución.
El sorteo de las 35 viviendas tuvo lugar el 9 de abril de 2021, según consta en el registro del Instituto Municipal de la Vivienda.
El PSOE llevará el retraso al próximo Pleno
Ruiz Araujo ha criticado la gestión municipal de una promoción que, según el portavoz socialista, ha obligado a los adjudicatarios a seguir pagando alquileres mientras esperan unas viviendas por las que ya han realizado importantes desembolsos.
El socialista ha mostrado además su preocupación por las condiciones financieras pactadas por algunos compradores con sus entidades bancarias, puesto que, según han explicado los afectados, expiran el próximo 30 de septiembre.
El PSOE advierte de que una nueva demora podría provocar que algunas familias tengan que negociar unas hipotecas en condiciones menos favorables.
Ruiz Araujo ha cuestionado también el funcionamiento de los organismos municipales destinados a impulsar el acceso a la vivienda y ha pedido al Ayuntamiento que dé prioridad a la finalización y entrega de la promoción.
“Nos preguntamos para qué queremos un Instituto Municipal de la Vivienda, para qué queremos una Sociedad Municipal de la Vivienda y para qué queremos esa configuración nueva de una oficina aceleradora, a qué se está dedicando”, ha manifestado.
Por su parte, Carmen Martín ha anunciado que el Grupo Socialista trasladará la situación al próximo Pleno municipal mediante una moción en la que también planteará medidas para incrementar la oferta de vivienda protegida.
“Vamos a pedir también en el próximo pleno del Ayuntamiento que de una vez por todas le den una solución, le den su vivienda a estas personas”, ha señalado la viceportavoz socialista.
Martín sostiene que los compradores “han cumplido con su parte” y reclama que los organismos municipales culminen los trámites pendientes para permitir la firma de las operaciones y la entrega de las viviendas.
Años de retrasos en las obras
Los problemas de la promoción se vienen arrastrando desde hace años. En marzo de 2025, el propio Ayuntamiento reconoció retrasos en las obras y situaba entonces la previsión de finalización facilitada por la constructora en mayo de ese año, después de que anteriormente se manejara junio de 2024. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, atribuía entonces parte de las dificultades a problemas de las empresas para encontrar trabajadores.
La situación continuaba sin resolverse en abril de 2026. En ese momento, la información disponible señalaba como trámites pendientes el suministro eléctrico por parte de Endesa y la presentación del certificado final de obra. También se apuntaba a las dificultades económicas sufridas por una de las empresas de la UTE adjudicataria como una de las causas del retraso acumulado.
Más recientemente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a referirse a los retrasos de una promoción de VPO durante una entrevista concedida el 14 de septiembre y los relacionó con problemas de la empresa constructora.
Familias entre alquileres e hipotecas pendientes
Más allá de la disputa política, los afectados han relatado el impacto que la espera está teniendo sobre su vida cotidiana.
Andrés Franco, uno de los adjudicatarios, asegura que su familia se encuentra en una situación “límite”. Explica que acaba de ser padre de una niña de cuatro meses y que, mientras espera las llaves de la VPO cuya entrada afirma haber abonado por completo, reside con su pareja y su hija en un piso de alquiler de unos 35 metros cuadrados por el que paga 1.100 euros mensuales.
“Debería estar ya en su habitación de su casa”, ha lamentado.
Franco alerta también de las consecuencias que tendría superar el 30 de septiembre sin poder cerrar la operación hipotecaria. Según explica, las condiciones que negoció con su banco tienen vigencia hasta esa fecha y teme que una nueva financiación implique tipos de interés más elevados.
Lucía Luque, también adjudicataria, describe igualmente una situación de “muchísimo estrés”. Vive con su marido y sus dos hijos, de cuatro años y once meses, en un inmueble de alrededor de 40 metros cuadrados mientras continúa esperando su vivienda.
Luque critica los sucesivos retrasos comunicados a las familias y considera que el Ayuntamiento debería haber intervenido antes ante los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.
“No somos millonarios”, ha señalado al advertir de que un empeoramiento de las condiciones hipotecarias supondría un desembolso de miles de euros adicionales para familias que precisamente han accedido a una vivienda protegida.
Las quejas de los adjudicatarios no son nuevas. En febrero de 2026, afectados por esta misma promoción ya denunciaban públicamente que seguían pagando alquileres mientras aguardaban la finalización de las viviendas y aseguraban haber realizado desembolsos superiores a los 36.000 euros por familia.
El PSOE reclama ahora que el Ayuntamiento y sus organismos de vivienda culminen cuanto antes los trámites necesarios para que las 35 familias puedan escriturar y recibir las llaves, especialmente ante la proximidad del 30 de septiembre que los afectados señalan como fecha límite para conservar las actuales condiciones de sus préstamos hipotecarios.
