Los socialistas llevarán al pleno de abril una moción urgente ante la “dramática situación” de la vivienda y reclamarán una moratoria de pisos turísticos.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga llevará al pleno ordinario de abril una moción urgente para reclamar medidas inmediatas ante la crisis de la vivienda en la capital. El PSOE pide a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que actúen “ya” para frenar la expulsión de malagueños provocada por el encarecimiento del alquiler, la dificultad de acceso a la compra y la proliferación de viviendas de uso turístico.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que declare la ciudad de Málaga como zona tensionada, una medida que, según el PSOE, permitiría intervenir ante las subidas abusivas de precios. La petición se produce después de que la Junta haya aceptado adherirse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 impulsado por el Gobierno de España, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda protegida en el conjunto del país, de los que 1.197 millones llegarán a Andalucía. El Ejecutivo andaluz deberá asumir el 40% de la financiación.
“A día de hoy Málaga es una ciudad inalcanzable para la mayoría de los malagueños y de las malagueñas. Es imposible comprar una vivienda, es imposible alquilar una vivienda a un precio asequible”, ha denunciado Pérez durante una rueda de prensa a la que asistieron alumnos de Periodismo de la Universidad de Málaga, un colectivo que, según ha señalado, también sufre directamente el impacto de los alquileres, con habitaciones que alcanzan los 500 euros mensuales.
El dirigente socialista ha advertido de que la situación actual está teniendo consecuencias sociales y demográficas graves. “El éxito de la ciudad puede reconocerse, pero también hay que reconocer que ese éxito está expulsando a la mayoría de los malagueños”, ha afirmado. En este sentido, ha alertado de que Málaga está perdiendo población joven y familias con hijos, lo que puede traducirse en un descenso de la natalidad y en una caída del número de niños matriculados en los centros educativos de la ciudad.
Pérez ha dirigido sus críticas al alcalde, Francisco de la Torre, al que acusa de asumir con normalidad que los malagueños tengan que abandonar la capital para residir en otros municipios. Según el portavoz socialista, el regidor “no ve inconveniente en que los malagueños se vayan a vivir a Villanueva del Rosario y abandonen la ciudad donde han nacido y donde quieren vivir”.
Frente a lo que el PSOE considera una política de “laissez faire” y de “ley de la selva” aplicada por el Partido Popular, Pérez ha defendido una intervención pública más firme. Entre las medidas planteadas figuran la declaración de Málaga como zona tensionada, una moratoria de viviendas turísticas, el recargo del IBI a pisos vacíos hasta que se incorporen al mercado del alquiler de larga duración y la limitación de subidas abusivas en los precios.
“Málaga cuenta actualmente con más de 13.000 viviendas turísticas, superando a Madrid o Barcelona. Esto está impactando de manera directa en la subida de precios en una ciudad con una renta media muy inferior”, ha señalado Pérez, quien ha defendido que la reversión paulatina de estas viviendas al mercado residencial contribuiría a reducir la presión sobre los precios.
La moción socialista también reclama la puesta en marcha de una auditoría de suelo y vivienda vacía en un plazo máximo de tres meses, con un inventario actualizado de espacios municipales compatibles con la construcción de vivienda protegida. Además, el PSOE exige reforzar presupuestariamente el Instituto Municipal de la Vivienda, al que considera el organismo competente para impulsar nuevas promociones de VPO, revirtiendo los recortes aplicados por el Ayuntamiento en los últimos años.
Respecto al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Daniel Pérez ha celebrado que la Junta de Andalucía “haya rectificado” y acepte incorporarse a este programa estatal, que permitirá la llegada de más de 1.198 millones de euros a la comunidad autónoma para vivienda pública. El portavoz socialista ha destacado como uno de los grandes avances del plan la protección permanente de la vivienda protegida.
“Hasta ahora, la normativa de Juanma Moreno solo protegía la VPO durante siete años, lo que deja la puerta abierta a su venta en el mercado para especular. La vivienda construida con financiación pública tiene que estar protegida por ley de por vida para que no se termine especulando con ella”, ha defendido.
Por último, Pérez ha criticado el “afán mercantilista” del Partido Popular y ha afeado el voto en contra de PP, Vox y Junts en el Congreso al decreto de garantías de los alquileres, una decisión que, según el PSOE, permitirá subidas desorbitadas a más de 360.000 andaluces. También ha denunciado la gestión de la Junta del Bono Alquiler Joven, recordando que aún hay beneficiarios de 2023 que no han cobrado unas ayudas cuya tramitación correspondía al Gobierno andaluz.
