PP y Vox rechazan la moción del PSOE para aplicar nuevas medidas de vivienda en Málaga

Mariano Ruiz Araujo acusa al alcalde de no utilizar las herramientas legales y fiscales disponibles para afrontar la crisis habitacional. La propuesta socialista incluía declarar Málaga zona tensionada y estudiar recargos de hasta el 150% en el IBI, mientras afectados por las VPO del sector Universidad denunciaron problemas en los procesos de adjudicación

El rechazo de PP y Vox a la moción urgente presentada por el PSOE en el pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Málaga ha reabierto el enfrentamiento político sobre las medidas necesarias para afrontar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad. El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de no aprovechar los instrumentos legales y fiscales que, según su grupo, permitirían intervenir en el mercado residencial y ampliar las posibilidades de acceso a alquileres asequibles.

La iniciativa socialista planteaba, entre otras medidas, solicitar la declaración de Málaga como zona de mercado residencial tensionado y aplicar las posibilidades de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que el PSOE considera disponibles para actuar sobre determinadas viviendas vacías, turísticas y propiedades de grandes tenedores.

Tras la votación contraria de PP y Vox, Ruiz Araujo ha reclamado un cambio en las políticas municipales de vivienda, al considerar que la falta de actuaciones está contribuyendo a convertir Málaga en «una ciudad menos hospitalaria».

El debate contó también con la intervención de vecinos afectados por problemas de acceso a la vivienda, entre ellos dos representantes de los solicitantes de las promociones protegidas del sector Universidad.

El PSOE plantea declarar Málaga zona tensionada y utilizar herramientas fiscales

La moción defendida por el grupo municipal socialista proponía aprovechar las medidas contempladas en la normativa estatal de vivienda para intervenir sobre los problemas de acceso al alquiler.

Entre las propuestas figuraba la declaración de Málaga como zona tensionada, una medida que permitiría aplicar, cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes, mecanismos específicos de regulación de los precios del alquiler.

El PSOE también planteaba recurrir a instrumentos fiscales, entre ellos posibles recargos de hasta el 150% en el IBI, para actuar sobre situaciones que considera relacionadas con la presión del mercado inmobiliario.

Estas medidas formaban parte de las propuestas socialistas y su eventual aplicación estaría sujeta a las condiciones establecidas en la legislación correspondiente.

Ruiz Araujo ha cuestionado que el equipo de gobierno municipal descarte estas opciones mientras numerosas familias encuentran dificultades para mantener o conseguir una vivienda en Málaga.

A su juicio, el Ayuntamiento dispone de competencias y recursos que debería utilizar con mayor determinación.

Ruiz Araujo acusa a De la Torre de no responder a la crisis de vivienda

Durante su intervención, el portavoz socialista dirigió buena parte de sus críticas al alcalde de Málaga, al que reprochó su respuesta a las personas afectadas por problemas habitacionales.

Ruiz Araujo se refirió especialmente a los testimonios de vecinos que han sufrido desahucios o se encuentran pendientes de abandonar sus viviendas.

«Me duele muchísimo que os veáis abocados a este punto», manifestó dirigiéndose a los asistentes al pleno.

El representante socialista acusó posteriormente al alcalde de no adoptar todas las medidas que, a juicio de su formación, tiene a su alcance.

«Los alquileres en esta ciudad podrían estar topados y podría haber alquileres asequibles, pero ustedes están usando excusas cínicas», afirmó.

Ruiz Araujo sostuvo que la solución al problema de la vivienda requiere decisiones políticas que combinen presupuesto municipal, fiscalidad e intervención pública.

En este sentido, defendió que el Ayuntamiento debe asumir un papel más activo en la regulación del mercado y en la promoción de viviendas accesibles para la población residente.

Críticas a la evolución del parque municipal de alquiler

El portavoz socialista también cuestionó los resultados de la política municipal de vivienda protegida.

Según las cifras expuestas por Ruiz Araujo, el parque público municipal de alquiler ha registrado durante los últimos diez años un crecimiento medio de apenas seis viviendas anuales.

Asimismo, aseguró que durante el actual mandato municipal se han entregado menos de 200 viviendas y que en 2025 únicamente se entregaron dos llaves.

El PSOE contrapone estos datos a las cifras de nuevas viviendas anunciadas por el gobierno municipal y considera que existe una diferencia entre los proyectos previstos y las viviendas efectivamente puestas a disposición de las familias.

Ruiz Araujo también se refirió a las dificultades surgidas en promociones de vivienda protegida, que han llevado a la creación de una plataforma de afectados por los procesos de adjudicación.

El edil sostiene que estas situaciones reflejan la necesidad de reforzar el control municipal sobre la gestión de las promociones y los procedimientos aplicados a los solicitantes.

Una afectada denuncia que le denegaron una VPO con documentos pendientes de revisar

La defensa de la moción contó con la intervención de Eva Moncayo y Alberto Dorado, integrantes de la Plataforma de Afectados por las VPO vinculadas a la promoción de Lagoom Living en el distrito Universidad.

Moncayo relató ante el pleno su experiencia con la gestora Sogeviso, a la que acusa de haber rechazado su solicitud sin haber completado previamente la revisión de la documentación aportada.

Según explicó, once de sus doce documentos económicos figuraban en la plataforma digital como «pendientes de validar» cuando recibió la denegación.

La afectada señaló que, de acuerdo con las instrucciones de la propia entidad, ese estado significa que los documentos todavía no han sido revisados por el gestor.

«Si Sogeviso reconoce que pendiente de validar significa que el documento no ha sido revisado, ¿cómo se justifica que me hayan denegado una vivienda afirmando que habían analizado toda mi documentación?», preguntó durante su intervención.

Moncayo reclamó una revisión justa de los expedientes y el cumplimiento de las bases de adjudicación, especialmente en aquellos casos en los que la declaración de la renta no refleja la situación económica actual de los solicitantes.

«No estoy pidiendo un trato de favor ni que me regalen una vivienda; estoy pidiendo seriedad, transparencia, una revisión justa de todos los expedientes», manifestó.

Los solicitantes cuestionan el cálculo de ingresos aplicado a las promociones

Por su parte, Alberto Dorado intervino en representación de personas excluidas de los procesos de adjudicación de un conjunto de 530 viviendas protegidas.

Dorado denunció que numerosos trabajadores que, según sus nóminas brutas, alcanzan los ingresos mínimos exigidos están siendo rechazados por la aplicación de determinados criterios fiscales.

En concreto, cuestionó que las gestoras recurran a las casillas 435 y 460 de la declaración del IRPF para calcular los ingresos de los solicitantes.

Según explicó, este procedimiento estaría perjudicando a personas con salarios inferiores a 22.000 euros anuales, cuyos ingresos actuales podrían no quedar reflejados adecuadamente en las cantidades utilizadas para resolver sus expedientes.

Los afectados consideran que deberían valorarse también las nóminas y otras pruebas de la situación económica presente, tal como sostienen que permiten las bases de adjudicación.

«Pedimos que se cumpla el pliego y se considere nuestra situación económica actual para reconsiderar los requisitos», afirmó Dorado.

El representante de los solicitantes insistió en que su objetivo es encontrar soluciones a los expedientes rechazados, al margen de las diferencias entre los partidos políticos.

La vivienda vuelve a centrar el enfrentamiento político municipal

El rechazo de la moción socialista ha dejado sin respaldo del pleno las medidas planteadas por el PSOE para intervenir en el mercado de la vivienda.

Ruiz Araujo considera que el gobierno municipal debería utilizar con mayor intensidad sus competencias en materia de vivienda, mientras que su grupo continuará reclamando actuaciones para mejorar el acceso al alquiler y revisar los procedimientos de las promociones protegidas.

Al mismo tiempo, los testimonios de Eva Moncayo y Alberto Dorado han trasladado al salón de plenos las dificultades que denuncian algunos adjudicatarios y solicitantes de las viviendas del sector Universidad.

El debate municipal reúne así dos cuestiones distintas pero relacionadas: las medidas generales para mejorar el acceso a la vivienda en Málaga y la revisión de los procedimientos de adjudicación de las VPO.

Las críticas a la política municipal y las presuntas irregularidades expuestas durante el pleno corresponden a las declaraciones del PSOE y de los afectados. El comunicado facilitado no recoge la respuesta del equipo de gobierno, de Lagoom Living ni de Sogeviso a estas afirmaciones.

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