Los socialistas llevarán al pleno una moción que propone un plan de inspección, un censo municipal y la clausura de los alojamientos que operen al margen de la normativa urbanística
El grupo municipal del PSOE llevará este jueves al pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción con una batería de medidas destinadas a controlar las viviendas de uso turístico y retirar aquellas que incumplan el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU.
La iniciativa fue presentada por el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo; la viceportavoz, Carmen Martín, y la concejala Lorena Doña. La principal propuesta consiste en poner en marcha un plan extraordinario de inspección para identificar los alojamientos turísticos que no respeten la normativa urbanística.
Los socialistas consideran que la proliferación de este tipo de establecimientos está agravando las dificultades de acceso a una vivienda asequible en la capital. En este sentido, han acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de “inacción y complicidad” ante la expansión de los pisos turísticos.
Ruiz Araujo ha calificado la gestión municipal de “errática, tardía y tibia” y ha sostenido que Málaga se ha convertido en una de las grandes capitales españolas con mayor presencia de viviendas de uso turístico.
Según los datos aportados por el portavoz socialista, en la ciudad existen alrededor de 13.000 alojamientos turísticos registrados, sin contar aquellos que podrían estar operando de forma ilegal.
El PSOE apela a las limitaciones recogidas en el PGOU
Ruiz Araujo ha afirmado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tratado de transmitir la idea de que no existía normativa suficiente para frenar la expansión de estos alojamientos.
Sin embargo, el dirigente socialista ha recordado que el PGOU vigente desde 2011 ya establece limitaciones para el uso de hospedaje. En concreto, ha señalado que su artículo 6.4.2 exige que estos establecimientos cuenten con entradas, accesos y suministros independientes.
“El equipo de gobierno ha dado manga ancha en este sentido y no lo ha estado aplicando”, ha declarado el portavoz del PSOE.
Ruiz Araujo también ha destacado el papel desempeñado por las asociaciones vecinales y ha recordado que la Asociación de Vecinos del Centro promovió una actuación urbanística por la supuesta omisión del Ayuntamiento.
“Es una pena que los vecinos y vecinas de Málaga tengamos que esperar a una sentencia para que el Ayuntamiento cumpla con su planeamiento urbano y ponga freno a un fenómeno que afecta directamente al acceso a la vivienda”, ha manifestado.
Un plan de inspección en un plazo máximo de tres meses
La viceportavoz socialista y responsable de Vivienda del grupo municipal, Carmen Martín, ha explicado que el plan de inspección debería ponerse en marcha en un plazo máximo de tres meses.
Según la propuesta, las actuaciones tendrían que centrarse inicialmente en las zonas declaradas saturadas y en las viviendas turísticas que compartan accesos, suministros u otros elementos comunes con los residentes del edificio.
El PSOE también reclama la elaboración de un censo municipal que permita identificar y clasificar todas las viviendas de uso turístico existentes en Málaga y determinar cuáles están funcionando al margen de la legalidad.
Martín ha pedido que el Ayuntamiento inicie expedientes de disciplina urbanística y clausure de forma inmediata los alojamientos que incumplan las condiciones establecidas en el planeamiento municipal.
Un canal de denuncias para las comunidades de propietarios
La moción socialista incluye además la creación de un canal de comunicación directo con las comunidades de propietarios para que puedan denunciar posibles irregularidades relacionadas con los alojamientos turísticos.
Otra de las medidas propuestas consiste en que el Ayuntamiento traslade a la Junta de Andalucía todos los ceses de actividad acordados por motivos urbanísticos, con el objetivo de que las viviendas afectadas sean dadas de baja en el Registro de Turismo de Andalucía.
“Le pedimos al equipo de gobierno y a Paco de la Torre que cumpla con los malagueños, que no mire hacia otro lado y que solucione el problema que ellos mismos han generado por no hacer que las viviendas turísticas cumplan con la legalidad vigente”, ha concluido Carmen Martín.
